Nació hace 27 años como parte de un proyecto de cárceles de seguridad máxima para contener a reos considerados como de alta peligrosidad. Era el segundo a nivel nacional, después solo del penal federal del Altiplano, conocido antes como el Penal de Almoloya de Juárez ó el penal de la Palma. Sin embargo, trascendió más por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y por los personajes que llegó a hospedar, que convirtieron ese sitio en un coto de poder y hasta en una bomba de tiempo, que el 1 de julio de este año tuvo que ser desactivada con el traslado urgente de 380 reos.

El reclusorio federal que ahora podría convertirse en sede central de la Guardia Nacional en Jalisco fue “borrado” por decreto por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño.

Ya estaba subutilizado. Desde hace dos meses del dormitorio 1 al 4 estaba vacío, solo se ocupaban los dormitorios 5 al 8, justo donde durante el mes de agosto se había reportado dos trifulcas. A la fecha había 376 internos.

CORTA HISTORIA

Hace 27 años se terminó la construcción de ese edificio que -a decir de su creador Juan Pablo de Tavira (asesinado en la cafetería de la Universidad Autónoma de Hidalgo el 21 de noviembre del 2000) - sería infranqueable y parte de un modelo de prisiones de alta seguridad que habrían de construirse en todo el país.

La intención era poco contacto de custodios con los internos, lo que según ellos frenaría la corrupción, y además contener un personaje que suponía eran de alta peligrosidad, imposible de reincorporar a la sociedad.

Sin embargo, a los primeros ocho años llegó su primera prueba y en enero del 2001 se fugó de ahí Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La teoría fue que salió en un carrito de lavandería, apoyado por uno de los trabajadores de ese lugar, que luego fue detenido. Sin embargo, esta versión quedó en duda al ponerse en evidencia un sistema de corrupción al interior, donde estaban coludidos diversos funcionarios.

Desde el mes de mayo pasado, el CEFERESO vivió momentos difíciles.

Todo comenzó el 8 de mayo, cuando murió presuntamente por Covid-19 el interno Moisés Escamilla May “El Gordo May”, líder de una de las células de Los Zetas que operaba en Quintana Roo.

Cuatro días más tarde se presentó un amparo que fue desechado por no tener los nombres de los internos que reclamaban acciones para frenar los contagios y entonces intervino la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, del Instituto Federal de Defensoría Pública ( IFDP) para tramitar nuevo juicio de garantías a favor de 379 personas, por “omisión de acciones efectivas para la prevención del contagio del virus denominado COVID-19”.

La Secretaría de Salud Federal se aplicó en mayo 29 del 2020 500 pruebas y tres días después se dieron protestas por ese motivo.

Dicen que un interlocutor para que cesara el movimiento fue el subdirector técnico, Marcos Alberto Corona Baltazar, quien les prometió pronta visita familiar y que al día siguiente fue ejecutado a tiros al salir en su auto oficial, de reclusorio a su casa. Los hechos sucedieron por la carretera a El Salto.

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) designó nuevo director del Cefereso 2 en la persona de Luis Fernando Mendoza Castellanos. Quedó fuera Salvador del Monte Solís.

En junio 30 un total de 80 servidores públicos del Cefereso fueron enviados asignados al Cefereso PS 17 de Michoacán y al día siguiente 380 reos de los dormitorios 1 al 4 fueron sacados de Jalisco y enviados a ese mismo reclusorio de la población de Buenavista. Entre ellos iba Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40” e integrantes de la organización.

Quedaron solo 376 internos en los dormitorios del 5 al 8 y los problemas continuaron. Personal de custodia entró al dormitorio 7 para revisión el 18 de agosto, encontró un teléfono celular y se generó un pleito. Internos adujeron que se mostraban agresivos con ellos e incluso sostuvieron que fue un ataque directo ordenado desde los altos mandos del reclusorio y era porque ellos mantenían una huelga de hambre, por eso reaccionaron de esa manera. El saldo: Seis custodios heridos, dos de ellos graves.

Cinco días más tarde, se dio una nueva riña entre internos y aunque no hubo personas lesionadas, sí quedó el antecedente. Se reforzó la seguridad.

Se habla de que en los últimos meses la corrupción permeó, el Z-40 consiguió que estaba cerca de él su amigo y cómplice Juan Pedro Farías Saldívar “Z-27”, uno de los reos iniciadores del sangriento motín de 2016 en la cárcel de Topo Chico, en Nuevo León, y juntos se adueñaron del control del dormitorio.

Los últimos días se quejó el personal de custodia, de manera anónima, de que había un justiciero por dormitorio y que los obligaban a laborar los siete días de la semana, sin descanso. Así acabaron los últimos días de un reclusorio de corta vida, apenas 27 años.