Trabajadores de la Cooperativa La Cruz Azul y las sociedades que integran su grupo empresarial exigen que se “cumpla la ley en Hidalgo”, además de que aseguran que no van a negociar con “delincuentes”; esto ante el llamado del secretario de Gobierno del estado de Hidalgo, Guillermo Olivares, para negociar con quienes tienen tomada la planta de cemento de Tula de Allende.
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A finales del mes de octubre, Olivares Reyna se propuso como mediador del conflicto entre los grupos involucrados e invitó a establecer mesas de negociación para lograr que se reactive el funcionamiento de la planta cementera, detenida desde 2021.
Pero, a través de un video difundido en sus canales oficiales, trabajadores que integran las diversas unidades de negocio de La Cruz Azul, con sede en los estados de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Puebla, rechazan esta propuesta.
En días recientes, Rafael Anzures, director jurídico de Cooperativa La Cruz Azul, aseguró en conferencia de prensa que los tribunales ya se han pronunciado a través de tres sentencias y resoluciones definitivas para que la planta de cemento sea devuelta; por lo que, lo único pendiente, sería que las autoridades de Hidalgo apliquen la ley y hagan valer el Estado de derecho.
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