/ miércoles 22 de junio de 2022

ONG y agrupaciones religiosas condenan asesinato de jesuitas

Aseguran que no son hechos aislados sino signos cotidianos de la inseguridad y violencia exacerbadas que imperan en gran parte del país, a la luz del día, con total impunidad y abierta complicidad con las autoridades

Decenas de organizaciones religiosas, de la sociedad civil y de derechos humanos de México y América Latina externaron su indignación por el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales (El Gallo) y Joaquín César Mora Salazar, ocurrido el pasado 20 de junio en Cerocahui, Chihuahua, cuando intentaban ayudar a una persona que, perseguida por miembros del crimen organizado, se refugió en el interior del templo, y que también fue victimado; los tres cuerpos se los llevaron los criminales.

En un pronunciamiento alzaron la voz contra los deplorables actos que no son aislados en la región ni en el país, sino signos cotidianos de la inseguridad y violencia exacerbadas que imperan en gran parte del territorio nacional, a la luz del día, con total impunidad y abierta complicidad con las autoridades.

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Entre los agrupaciones firmantes se encuentran: Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, Servicios y Asesoría para la Paz AC, Pastoral Laboral, Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, AC, Centro de Estudios Ecuménicos.

Asimismo, firmaron Iglesias por la paz, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina “Oscar Romero”, Comisión de Migración de la Alianza, Convida20, CEPALC Colombia, Red Jesuita con Migrantes LAC, entre otras.

Las ONG denuncian que no son muertes circunstanciales, sino consecuencia directa de la inacción, ineficacia y complicidad de los gobiernos frente a los cárteles del narcotráfico y sus brazos armados que, como en muchas regiones, mantienen asoladas y en total vulnerabilidad a las comunidades de la Sierra Tarahumara.

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El martirio de Javier y Joaquín es también consecuencia directa de su compromiso firme con dichas comunidades, en la construcción de una paz justa para la región, citaron.

Señalan que en medio de estos acontecimientos y de un país que no logra levantarse de una espiral de violencia que ha cobrado más de 350 mil vidas, 100 mil personas desaparecidas y decenas de miles de desplazados por la violencia y el despojo.

Por ello exigen el esclarecimiento inmediato del asesinato de sus compañeros Javier Campos y Joaquín Mora y del guía de turistas, así como la aparición inmediata de sus cuerpos y el deslinde de responsabilidades, para evitar que prevalezca la impunidad por la omisión judicial y de las fiscalías.

Demandan inmediata seguridad para los demás miembros de la comunidad jesuita en la Sierra Tarahumara, cuyo trabajo misionero en defensa de las y los más pobres está permanentemente amenazado por el crimen organizado. "No es la primera vez que se enfrentan a estos hechos, ¡exigimos que sea la última!"

Instaron a las autoridades de todos los niveles de gobierno y en particular al Ejecutivo federal a atender el llamado de muchas organizaciones sociales y comunidades por el fin de la violencia en el país, para que modifiquen la política de seguridad y de enfrentamiento del crimen organizado: la militarización no es el camino, sólo la paz con justicia construida entre todos.

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Expresaron su entera solidaridad con los familiares de las víctimas, con las comunidades rarámuris afectadas y con la Compañía de Jesús en México por la pérdida.

Llamaron a todas las personas de buena voluntad, a las organizaciones sociales y comunidades eclesiales, a unir sus voces para denunciar estos lamentables hechos que pudieron y debieron evitarse.

Piden sumar esfuerzos por la reconstrucción del tejido social y la construcción de una paz duradera que nazca de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem

Decenas de organizaciones religiosas, de la sociedad civil y de derechos humanos de México y América Latina externaron su indignación por el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales (El Gallo) y Joaquín César Mora Salazar, ocurrido el pasado 20 de junio en Cerocahui, Chihuahua, cuando intentaban ayudar a una persona que, perseguida por miembros del crimen organizado, se refugió en el interior del templo, y que también fue victimado; los tres cuerpos se los llevaron los criminales.

En un pronunciamiento alzaron la voz contra los deplorables actos que no son aislados en la región ni en el país, sino signos cotidianos de la inseguridad y violencia exacerbadas que imperan en gran parte del territorio nacional, a la luz del día, con total impunidad y abierta complicidad con las autoridades.

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Asimismo, firmaron Iglesias por la paz, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina “Oscar Romero”, Comisión de Migración de la Alianza, Convida20, CEPALC Colombia, Red Jesuita con Migrantes LAC, entre otras.

Las ONG denuncian que no son muertes circunstanciales, sino consecuencia directa de la inacción, ineficacia y complicidad de los gobiernos frente a los cárteles del narcotráfico y sus brazos armados que, como en muchas regiones, mantienen asoladas y en total vulnerabilidad a las comunidades de la Sierra Tarahumara.

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El martirio de Javier y Joaquín es también consecuencia directa de su compromiso firme con dichas comunidades, en la construcción de una paz justa para la región, citaron.

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Por ello exigen el esclarecimiento inmediato del asesinato de sus compañeros Javier Campos y Joaquín Mora y del guía de turistas, así como la aparición inmediata de sus cuerpos y el deslinde de responsabilidades, para evitar que prevalezca la impunidad por la omisión judicial y de las fiscalías.

Demandan inmediata seguridad para los demás miembros de la comunidad jesuita en la Sierra Tarahumara, cuyo trabajo misionero en defensa de las y los más pobres está permanentemente amenazado por el crimen organizado. "No es la primera vez que se enfrentan a estos hechos, ¡exigimos que sea la última!"

Instaron a las autoridades de todos los niveles de gobierno y en particular al Ejecutivo federal a atender el llamado de muchas organizaciones sociales y comunidades por el fin de la violencia en el país, para que modifiquen la política de seguridad y de enfrentamiento del crimen organizado: la militarización no es el camino, sólo la paz con justicia construida entre todos.

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