Por Patricia Carrasco
Tuvieron que pasar poco más de 12 años, tras el operativopolicial en San Salvador Atenco, en el Estado de México, cuandovarias mujeres fueron víctimas de tortura sexual y detenciónarbitraria por parte de agentes del Estado, ahora ellas buscan queestos hechos no se vuelvan a repetir en México. Las 11 mujeresafectadas celebran que la sentencia implique la reactivación de laindagatoria por lo ocurrido en mayo de 2006 y el deslinde deresponsabilidades de altos funcionarios estatales y federales,entre ellos el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto. En unaconferencia de prensa, donde varias dieron su testimonio yexternaron su agradecimiento, la representante de asuntosinternacionales del Centro Pro, Stephanie Brewer, destacó que elgobierno de Andrés Manuel López Obrador debe acatar íntegramentela sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Cofidh) en la que condenó al Estado mexicano por la torturasexual de la que fueron víctimas 11 mujeres durante los operativospoliciacos en San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de2006. Ante el caso, de las afectadas víctimas de tortura sexual enAtenco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió lasentencia sobre el caso, donde considera que el Estado Mexicano esresponsable por la violación de sus derechos humanos, dictó unaserie de medidas reparatorias.
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Esto incluye la reactivación de la indagatoria por esos delitosy el deslinde de responsabilidades de los altos funcionariosestatales y federales que planificaron y supervisaron el operativo,entre ellos el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, y el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, EduardoMedina Mora. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenainvestigar a las autoridades del más alto rango, entre quienestambién se encuentran el ex secretario de gobierno del estado deMéxico, Víctor Humberto Benítez; el ex comisionado de la AgenciaEstatal de Seguridad, Wilfrido Robledo; y a Ardelio Vargas Fosado,ex jefe del estado mayor de la entonces Policía FederalPreventiva. “Nuestra exigencia es clara: cumplimiento cabal de lasentencia. Todas las medidas son importantes, pero la másrelevante para nosotras y, seguramente para la sociedad mexicana,es la responsabilidad del Estado de iniciar las investigaciones, ycito la sentencia, ‘amplias, sistemáticas y minuciosas que seannecesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a losresponsables directos y sus superiores jerárquicos’.
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Ahí, también se dieron cita los machetes de Atenco y Brewermanifestó que los impactos de la sentencia se potencializan anteuna actualidad en la que se debate el modelo de la Guardia Nacionaly se busca avanzar en la rendición de cuentas de las fuerzas deseguridad y la erradicación de la tortura, incluyendo la torturasexual a mujeres. Las mujeres que diez años siguieron un largoproceso ante el Sistema Interamericano para alcanzar justicia,resaltaron que no darán un paso atrás. No nos conformaremos conmenos de eso”, enfatizó Bárbara Italia Méndez, una de lasvíctimas. Junto a representantes de los centros Miguel AgustínPro Juárez (Prodh) y por la Justicia y el Derecho Internacional(Cejil), que las han acompañado en todo este proceso, nueve de lasonce denunciantes subrayaron que pese a las denostaciones quesufrieron por parte de varios gobiernos mexicanos y de que se lesnegó el acceso a la justicia, la sentencia del organismointeramericano –emitida en diciembre pasado— demostró quesiempre dijeron la verdad. La Coridh también ordenainstitucionalizar el mecanismo de la Secretaría de Gobernaciónpara documentar e investigar casos de tortura sexual. En diciembrepasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)resolvió que el Estado mexicano era responsable de violenciasexual, violación y tortura contra estas 11 mujeres, quienesfueron detenidas arbitrariamente por la Policía del Estado deMéxico, de Atenco y de Texcoco los días 3 y 4 de mayo de 2006."Nos costó 12 años (para) que una instancia nos diera la razón:que dijimos la verdad desde el primer día”, externó ClaudiaHernández, víctima de Atenco. Este jueves, Yolanda MuñozDiosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia RomeroHernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith RosalesGutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela CuevasJaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina SánchezHernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia HernándezMartínez celebraron el fallo de la CIDH a su favor, peroaseguraron que su lucha por la justicia aún no termina.