El Centro Católico Multimedial resaltó la difícil situación que viven miles de habitantes del sureste y cuestionó: ¿a quién le importa el destino de miles de chiapanecos? Sólo un gobierno populista y demagogo tiene interés cuando los habitantes de ese Estado dan miles de votos; después, queda en manos del crimen organizado el cual está haciendo de Chiapas un botín de millones de pesos con la complacencia de las autoridades que le dan lo mejor a lo que podría aspirar: Eso es la impunidad.
La organización católica subrayó que el Sureste mexicano carga con rezagos ancestrales. Gobiernos van y vienen prometiendo la reivindicación de derechos y justicia sociales, abatir la pobreza y generar riqueza, pero las cosas parecen ir de mal en peor, no sólo por la devastación de los recursos naturales, también por la zozobra, la violencia, la ausencia de paz y del estado de derecho.
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En el editorial titulado “¿A quién le importa?” Lamentó que en Chiapas, la situación de violencia haya rebasado todas las soluciones posibles ante la ausencia de autoridad y donde el poder parece ser tomado por las bandas delincuenciales que se disputan territorios y la riqueza de un Estado que, a pesar del perdón y disculpas, continúa sometido y convulsionado.
Pero la respuesta demuestra lo que es el derecho en el México actual regido por un partido acusado de ser aliado de los cárteles de la droga y los señores del terror.
En Chiapas, el rezago ancestral es el mejor ingrediente para seguir armando a la violencia. Como bien pregunta el obispo Calderón: “¿Qué tenemos que hacer o decir para que el gobierno cumpla su deber, al menos, de proteger y velar por la seguridad de las comunidades?”
Asimismo, afirmó que se recuerda esa indecible masacre de Acteal en diciembre de 1997 cuando 45 tzotziles fueron asesinados por paramilitares y aunque en mayo de 2022, el Estado mexicano reconoció la culpa por omisión y ofreció la reparación de los daños, Chiapas continúa en una agonía que parece eterna.
En últimas semanas, la violencia campea en el Estado y la mejor respuesta es la negación de esta realidad donde miles han sido desplazados, el imperio de la violencia es la marca del estilo de la ley y la incapacidad del gobierno, la única respuesta que demuestra que la única legalidad posible es: la inseguridad.
Recientemente, los obispos del Sureste mexicano han denunciado esta realidad como una voz que clama en el desierto. Previo a la jornada electoral del 2 de junio, la provincia eclesiástica de Chiapas, levantó la voz en un profético mensaje ante lo que parece ser ya una suerte común en Chiapas: Desplazados, violencia y narcotráfico.
Y nada ha cambiado desde la jornada de elecciones que dieron un triunfo arrasador al oficialismo en Chiapas. Recientemente, el obispo de Tapachula, quien pronto tomará un nuevo destino como nuevo arzobispo de León, Jaime Calderón Calderón, emitió un minucioso mensaje para denunciar la frágil situación de la región donde la paz está ausente y la situación es desesperante:
“Es muy complicado vivir así; por un lado, secuestrados en casa propia, obligados a hacer lo que no deben, con un profundo sentido de impotencia ante lo incomprensible de la situación que viven, la gente de los cárteles que disponen a su antojo de la población; y por el otro, la presencia de los destacamentos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano que hacen nada por la población a la que ven sufrir día a día.
Manifestó: ¿hacia dónde van nuestras comunidades con todo esto? ¿Qué tenemos que hacer o decir para que el gobierno cumpla su deber, al menos, de proteger y velar por la seguridad de las comunidades?” escribió el pasado 24 de julio en el documento Una palabra de fortaleza ante el sufrimiento de los hermanos de la Foranía sierra
Pronto, la respuesta vino del mismo gobierno encabezado por AMLO. Lo que sucede en Chiapas es “exageración”, dijo y el éxodo de chiapanecos hacia Guatemala para conservar su vida es, para el presidente de México, un artificial escándalo de adversarios y organizaciones pseudo independientes o pseudo gubernamentales o de la llamada sociedad civil o pseudo defensores de los derechos humanos.
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