Pachuca, Estado de México.- Con un ataúd y todos con caretas y con cubre bocas, al grito de: “Si Lozoya enfrenta desde casa su proceso penal, porque mi Juan Carlos Monroy, que está enfermo lo hace en la cárcel”. Así una desesperada madre de familia y parientes de presos del Penal de la Ciudad de Pachuca se manifestaron a las afueras de las instalaciones del juzgado 4 de Distrito.
Es la señora Patricia Martínez, quien en Enero de este año se encadenó frente a Palacio Nacional para exigir justicia, quien este martes, junto con otras 30 personas realizaron una peculiar manifestación donde exigieron la libertad de su hijo Juan Carlos Monroy Martínez al asegurar que es totalmente inocente del homicidio de una joven en una discoteca.
Explicó que a pesar de las pruebas que se han presentado, donde queda claro que el acusado estaba a más de 15 metros de la occisa, esto no se ha tomado en cuenta y mucho menos los peritajes donde se confirman que la trayectoria de la bala es diferente a la posición donde él estaba.
La señora Patricia Martínez, expuso que en el penal donde se encuentra su hijo existen decenas de internos que tienen COVID-19, noticias que han sido confirmadas por su hijo y familiares de otros reos.
Agrega ella, que es inhumano que no se de atención a internos de este penal de Pachuca, que con otras enfermedades pueden contraer el virus mortal del Covid-19; Es el caso de Juan Caros, que con diabetes y un trasplante de riñón tiene una atención médica deficiente pese a los acuerdos internacionales, que han sido firmados por México en materia de Derechos Humanos.
Frente al un ataúd, está madre de familia, junto con otras 30 personas que las acompañaban, refirió que Juan Carlos Monroy, es una persona profesionistas, con un doctorado, “lamentablemente es una injusticia que este encerrado”.
Denunció que debido a la manifestaciones que ha realizado en el penal, autoridades de esa Cerezo “mandan a que le rompan los frascos de insulina, y lo exponen a la muerte”, abundó la señora Patricia Martínez.
Por ello hicieron un llamado a la Comisión de los Derechos Humanos, al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador del estado, Omar Fayad, así como al poder judicial par que se actúe conforme a derecho en el caso.
También comentó que en el proceso “hay mano negra” de funcionarios del estado por su actividades que ejerció como profesionista y también por su buen trabajo como policía.
Lamentó que tarde tanto en llegar la justicia y que por irregularidades en el proceso tenga que recibir a su hijo muerto, por las enfermedades que lo aquejan o pueda contraer.
