El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer la versión pública de la carpeta de investigación AP/34/FEADLE/2012 y sus anexos, declaraciones de detenidos y no detenidos, así como cualquier otro documento relacionado con el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, ocurrido en Xalapa, Veracruz.
Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas subrayó que el acceso a la información solicitada permitirá conocer las acciones implementadas por la autoridad ministerial en torno al asesinato de una periodista.
Es un asunto considerado de violación a los derechos humanos y es un asunto público relevante para que México y el mundo conozcan el estado que guarda el asesinato de una periodista en un país en donde hay cientos de periodistas asesinados y que, hasta el día de hoy, por desgracia, como todos los demás casos, me atrevo a decirlo, permanecen inaclarados
La FGR reservó la información argumentando que la averiguación previa requerida es una investigación abierta, motivo por el cual dar a conocer lo solicitado haría pública la información que se recopila en la investigación que llevan a cabo los agentes del Ministerio Público de la Federación, para acreditar el delito, la probable responsabilidad de el o los indiciados y la identidad de las víctimas indirectas u ofendidos; por lo tanto, existe riesgo de quebrantar la seguridad de las víctimas y el pleno ejercicio de sus derechos.
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Inconforme, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que la Ley dispone que no podrá clasificarse aquella información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, siendo que el asesinato de la reportera es un atentado contra la libertad de expresión y es de gran relevancia la actuación de las autoridades en este país.
Ante la colisión de derechos que plantea el recurso de revisión, el Instituto llevó a cabo una prueba de interés público, ponderando la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de dar a conocer la información solicitada, en este caso en concreto.
Sobre la idoneidad, la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas consideró que es fundamental garantizar el derecho de acceso a la información, puesto que a través de éste se busca no sólo satisfacer un interés individual, sino la necesidad de la colectividad de conocer de las actuaciones y desempeño de servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones, en torno a una problemática social, en particular, los índices de violencia contra periodistas.
En cuanto a la necesidad, advirtió que el ejercicio del derecho de acceso a la información es la única vía para que cualquier persona conozca las acciones que la autoridad investigadora ha desarrollado a efecto de cumplir con su deber de investigar los hechos que derivaron en el asesinato de la periodista.
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