La Red por los Derechos de la Infancia en México externó preocupación por el anuncio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) del Estado de Guerrero, sobre la incorporación a sus filas de niños y adolescentes, algunos de ellos hijos de los músicos víctimas de homicidio; como un acto desesperado para llamar la atención del Estado Mexicanos.

Asimismo, la REDIM, lamentó la masacre en Chilapa, Guerrero; en la que fueron asesinados y calcinados 10 músicos, entre ellos un adolescente de 15 años.

Por lo que llamó a las autoridades estatales a investigar de forma eficiente estos hechos para garantizar el acceso a la justicia; además de brindar el apoyo económico y psicológico a las familias víctimas; en particular a niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus padres.

En un pronunciamiento Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo REDIM señaló que la comunidad indígena tiene más de tres décadas, con policías comunitarias, instaladas ante el abandono del Estado mexicano y su omisión de garantizar seguridad y desarrollo social.

En los últimos siete años el crimen organizado ha incrementado el control territorial, con la complicidad de caciques y autoridades locales, para ampliar la siembra de amapola y procesamiento de otras drogas.

Por lo que reiteró el llamado urgente a los gobiernos federal, estatal y municipales para articular una estrategia nacional que frene la violencia armada contra la niñez.

El reclutamiento de adolescentes y jóvenes campesinos ha crecido de forma alarmante en el Estado de Guerrero; los grupos criminales tienen campos de entrenamiento y esclavitud de personas jóvenes.

Desde REDIM, si bien consideramos que presentación de niños y adolescentes como parte de la policía comunitaria se trata sólo de un performance, y que no se traduce en la participación directa en actos armados, recordamos a la CRAC-PF, que más allá de la legitima defensa y la necesidad de llamar la atención del Estado para garantizar su seguridad y evitar el reclutamiento de niños y adolescentes; no es posible prevenir un delito al tiempo de exponer a la niñez a hechos de violencia.

El reclutamiento anunciado puede configurar delitos como trata, ‘corrupción de menores’ y explotación con consecuencias legales. Les llamamos a reconsiderar esta postura y asumir como una gran responsabilidad proteger a niñas niños y adolescentes de cualquier forma de violencia y reconocer sus derechos, haciéndoles partícipes de las soluciones comunitarias.

Como sociedad, es importante no sumarse a la criminalización de las familias indígenas y su policía comunitaria. Sino exigir al Estado garantizar la vida y desarrollo social de estas comunidades.

En el caso de los niños y niñas, el sistema DIF del Estado está obligado a ofrecer apoyo y alternativas de protección sin separación familiar.

Es urgente atender los llamados ciudadanos y de organizaciones defensoras de derechos humanos para construir una estrategia nacional que frene la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes, que sea el Proyecto Prioritario 26 (#Proyecto26) de esta administración.

Y pidió a periodistas y medios de comunicación a no difundir imágenes y datos que permitan la identificación de las niñas niños y adolescentes por el alto riesgo de ser blanco de grupos criminales.

JLP