Teresa N., quien se diera a conocer ayer por un video que circula en redes sociales donde se da cuenta de la violenta manera en que fue arrastrada, esposada y desalojada de un edificio público por elementos de laPolicía Municipal de la capital, declaró este día que ya presentó denuncias penales y quejas en Derechos Humanos por la agresión de que fue víctima.
La oficial del Registro Civil explicó que su nombramiento lo concedió el 20 de enero de 2014 el entonces secretario general de Gobierno y aunque el 1 de enero de 2015 una modificación a la Ley facultó a los alcaldes para nombrar a destituir a los oficiales del Registro Civil, la ley no es retroactiva, por lo que a ella no puede destituirla el presidente municipal,sino que para tal efecto se debe hacer a través de un juicio de responsabilidad.
La denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado es por abuso de autoridad y lo que resulte en contra del alcalde Xavier NavaPalacios; el secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez; Sonia Nájera, Olga Palacios, quien no se presentó durante el desalojo; AlejandraVillarreal Loo, hermana del diputado panista Ricardo Villarreal Loo; Miriam,secretaria de Sebastián Pérez; Rocío Romo y Lucía Lastras.
Teresa explicó que durante el desalojo de que fue víctima,Olga Palacios le dijo que “eso lo hubiera pensado dos veces antes de no hacer caso”, esto porque les explicó, ante el uso de la fuerza, que padece epilepsia y está en observación por presencia de conocer cérvicouterino, además de que en reiteradas ocasiones le dijeron que era orden del alcalde Nava y de Sebastián“que debía aprender y no andar hablando”.
La agresión que sufrió Teresa ha valido el pronunciamiento y condena de innumerables políticos, sin embargo el alcalde Xavier Nava defendió todo asegurando que él no había visto que la golpearan, por su parte OlgaPalacios, coordinadora municipal de Derechos Humanos, justificó que como ella no entendió por las buenas, se usó la fuerza.
Ante estos hechos, la Comisión Estatal de los DerechosHumanos se pronunció condenando lo acontecido y asegurando que no había orden judicial que avalara la agresión.
