Bajo investigación se encuentran militares con antecedentes penales que fueron contratados por la Fiscalía General de Justicia de Guerrero. De acuerdo a funcionarios de la propia institución, uno de miembros del Ejército que trabajan en la fiscalía con antecedentes penales, es el del Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial de Acapulco, Adalberto Arana Cruz, quien presuntamente tiene abierta una carpeta de investigación en su contra, por los delitos de abuso de autoridad y acoso sexual, desde el año 2018 en Aguascalientes, cuando fue Jefe de Inteligencia, de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal.
Debido a ello y a otras actividades constitutivas de delito, piden la destitución de la titular de esa fiscalía, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Señalan que Adalberto Arana Cruz cuenta con un amparo, con número de expediente 295/2018, que le obsequió el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, del Trigésimo Círculo.
Ante ello, el militar goza de la protección de la Justicia Federal y destaca el 27 de abril de 2018 como la fecha del último acuerdo.
Las presuntas víctimas de los abusos en los que habría caído el funcionario estatal junto con otro mando policiaco, denuncian que “ambos funcionarios acosan sexualmente a mujeres policías, y que algunas de ellas por presión y temor a perder su trabajo, aceptan los cortejos de los militares y salen con ellos solo por no perder su trabajo y mientras otras policías que se han rehusado aceptar las propuestas indecorosas de estos servidores públicos, son castigadas y maltratadas por no acceder a sus invitaciones”.
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Los comandantes revelaron que, a éstas irregularidades en la contratación de militares en la fiscalía, se suma la mala estrategia para combatir los puntos rojos de Guerrero, y ejemplo de ello es que, al Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial de Acapulco, Adalberto Arana Cruz, se le asocia con el conflicto social que a principios de junio ocasionó la detención dos hombres y un menor de edad y el bloqueo de sus familiares en la carretera federal México-Acapulco.
Recordaron que, en el caso de la violencia en Chilpancingo, el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza opinó que el problema es que en Guerrero, "desgraciadamente se les está saliendo de las manos el control de estos grupos; tanto a la gobernadora como a la fiscal, e igual a las presidencias municipales, porque no actúan a pesar de que saben quiénes son".
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