Genaro “G”, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal; Luis “C”, Coordinador de Inteligencia de dicha Policía y el líder fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo “G”, alias El Chapo, enfrentan nuevos cargos ahora por su participación en el caso denominado “Rápido y Furioso” que consistió en la venta de armas con el objetivo de rastrear las armas de fuego que llegarían a los líderes de los cárteles de drogas mexicanos y así detectarlos y arrestarlos.
Además de estos tres personajes, la orden de aprehensión también es contra otros cuatro implicados, de quienes la Fiscalía General de la República se reservó sus nombres, debido a que el gabinete de seguridad del gobierno federal inició su búsqueda para su detención y ser puestos a disposición del juez que les giró el mandamiento judicial, también por su participación en la operación “Rápido y Furioso”.
La tarde de ayer, la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que obtuvo de un Juez de Distrito, órdenes de aprehensión en contra de siete personas, por su participación en el caso denominado “Rápido y furioso”.
Esta conducta criminal, tuvo por objeto traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego de los Estados Unidos a México, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios; lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible.
De conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes.
En un comunicado, la FGR señala que “hemos sido informados que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país
En México y de conformidad con una investigación propia, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México.
Fiscalía General de la República
En la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se pudo establecer la presunta responsabilidad de Joaquín "G” quien, durante un largo lapso, fue líder de la organización delictiva destinataria de las armas. Asimismo, se lograron las órdenes de aprehensión en contra de Genaro "G”, ex Secretario de Seguridad Pública Federal; así como de Luis "C”, Coordinador de Inteligencia de dicha Policía; y quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad, tanto en Estados Unidos, como en México.
Por lo que toca a Genaro "G”, existen ya dos órdenes más de aprehensión, dictadas por jueces mexicanos, que han motivado la solicitud de extradición a territorio mexicano de dicho individuo. .
EL ESCÁNDALO DE LA OPERACIÓN RÁPIDO Y FURIOSO
El Escándalo de ventas de armas en Estados Unidos a cárteles mexicanos, también conocido como "Escándalo de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)", o "Dejando las armas caminar", fue un conjunto de tácticas del gobierno de Barack Obama y del Departamento de Estado cuyos memorandos de procedimientos de ventas de armas fueron firmados por Hillary Clinton, y que por medio de la Oficina de Campo de Arizona de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (siglas ATF en inglés), desarrollaron una serie de controvertidas operaciones sin la aprobación y el conocimiento del gobierno mexicano, siendo la "Operación Rápido y furioso" entre las más conocidas, entre 2006 y 2011 en el área de Tucson y Phoenix, donde la ATF " deliberadamente permitió a comerciantes de armas de fuego con licencia vender armas a compradores ilegales, con la "esperanza" de rastrear las armas de fuego que llegarían a los líderes de los cárteles de drogas mexicanos y arrestarlos.
Estas operaciones se realizaron bajo el paraguas del Project Gunrunner, un proyecto destinado a contener el flujo de armas de fuego en México por la interdicción de los contrabandistas y los traficantes de armas en los Estados Unidos.
El caso Chambers se inició en octubre de 2009, y con el tiempo llegó a ser conocido en febrero de 2010 como "Operación Rápido y Furioso" luego de que agentes descubrieron que algunos de los sospechosos de la investigación pertenecían a un club de coches.
Ellos afirmaron que el objetivo de permitir que estas compras fueran realizadas era para continuar con el seguimiento de las armas de fuego, ya que fueran trasladadas a los traficantes de alto nivel y figuras clave de los carteles mexicanos, con la expectativa de que esto daría lugar a su detención y el desmantelamiento de los cárteles.
La táctica fue interrogada durante las operaciones por un número de personas, incluyendo a los agentes de campo de la ATF y vendedores de armas con licencia.
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Durante la Operación Rápido y Furioso, no se pudo rastrear efectivamente la cantidad de armas que fueron directamente a los criminales en México, el ATF monitorizó la venta de alrededor de 2000 armas de fuego, de los cuales sólo se recuperaron 710.
Un número de compradores contrabandistas han sido detenidos y acusados. Sin embargo, a partir de octubre de 2011, ninguna de las figuras clave de los carteles de alto nivel habían sido detenidos.
Algunas de las armas rastreadas por la ATF han sido encontradas en escenas del crimen en ambos lados de la frontera México - Estados Unidos, y la escena en la que el agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Brian Terry fuera asesinado en diciembre de 2010.
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