/ martes 21 de septiembre de 2021

Estado mexicano no investiga tráfico de indocumentados

Pese a constantes hallazgos, la Fiscalía General del Estado no cuenta con alguna investigación relacionada con estos hechos

A pesar de que en un lapso de nueve meses más de mil 200 migrantes han sido liberados en distintos domicilios en el estado de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado no cuenta con alguna investigación relacionada con estos hechos, lo que ha generado que continúen presentándose más de estos casos, al posiblemente ser una estafa que genera varios miles de pesos.

En los municipios de Chihuahua, Juárez, Aldama y Ojinaga las autoridades han asegurado cientos de indocumentados en lo que va de este año y han detenido al menos cinco personas como presuntas responsables de estos hechos, de acuerdo con los archivos periodísticos, pero las investigaciones no continúan porque son turnadas a la Fiscalía General de la República.

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De acuerdo con las versiones de los propios migrantes, ellos pagan distintas cantidades de dinero para cruzar desde Centroamérica a los Estados Unidos, algunos pagan desde 10 mil hasta 90 mil pesos, pero en muchas de las ocasiones sólo llegan a Chihuahua, donde finalmente son rescatados por las autoridades municipales o estatales, quienes reciben la información del hacinamiento de los indocumentados.

En Juárez y Chihuahua son los lugares donde más se han recuperado grupos de migrantes, estos van desde los 20 hasta los 300 personas, como ocurrió el pasado 17 de septiembre, donde en la capital del estado fueron encontrados 340 indocumentados privados de la libertad en un domicilio ubicado en Vistas Cerro Grande.

El fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, comentó que en su lugar no le ha tocado investigar el tema, toda vez que el fuero del delito es federal y correspondería a la Fiscalía General de la República dar seguimiento al tema y capturar a los responsables de defraudar a los indocumentados con promesas de llegar a los Estados Unidos a cambio de pagos monetarios.

“En hacinamiento tremendo es delicado, la FGR puede dar buen avance con la investigación para ir frenando estos hechos con las investigaciones, no me ha tocado investigar el tema, por ser federal, son personas que vienen a buscar un sueño, no es sencillo, son varios millones de pesos, es un tema que la FGR debe atender, están en actitud de proceder, propuse reuniones para poder apoyar, porque no puede estar pasando esto, debemos entregar información y en todo lo que nos pidan apoyo”, comentó.

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De acuerdo con la información que otorgaron algunos de los migrantes que han sido víctimas de este tipo de engaños, es que algunas personas ofrecen llevarlos a los Estados Unidos, pero en la mayoría del tiempo la pasan al interior de domicilios donde los resguardan con la promesa de llevarlos a su destino.

Previo a esto, los interesados deben pagar varios miles de pesos, que incluso las autoridades estatales ven la posibilidad de que los mismos “polleros” sean quienes den aviso a las autoridades para no concretar los traslados y apoderarse del dinero que previamente cobraron a los indocumentados.

Alguno de los hechos más recientes

10 junio, 206 migrantes en Juárez

11 junio, 42 migrantes en Juárez

5 de julio, 93 migrantes en Juárez

26 de julio, 55 migrantes

28 de julio, 43 migrantes Chihuahua

17 de septiembre, 340 migrantes Chihuahua

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A pesar de que en un lapso de nueve meses más de mil 200 migrantes han sido liberados en distintos domicilios en el estado de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado no cuenta con alguna investigación relacionada con estos hechos, lo que ha generado que continúen presentándose más de estos casos, al posiblemente ser una estafa que genera varios miles de pesos.

En los municipios de Chihuahua, Juárez, Aldama y Ojinaga las autoridades han asegurado cientos de indocumentados en lo que va de este año y han detenido al menos cinco personas como presuntas responsables de estos hechos, de acuerdo con los archivos periodísticos, pero las investigaciones no continúan porque son turnadas a la Fiscalía General de la República.

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De acuerdo con las versiones de los propios migrantes, ellos pagan distintas cantidades de dinero para cruzar desde Centroamérica a los Estados Unidos, algunos pagan desde 10 mil hasta 90 mil pesos, pero en muchas de las ocasiones sólo llegan a Chihuahua, donde finalmente son rescatados por las autoridades municipales o estatales, quienes reciben la información del hacinamiento de los indocumentados.

En Juárez y Chihuahua son los lugares donde más se han recuperado grupos de migrantes, estos van desde los 20 hasta los 300 personas, como ocurrió el pasado 17 de septiembre, donde en la capital del estado fueron encontrados 340 indocumentados privados de la libertad en un domicilio ubicado en Vistas Cerro Grande.

El fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, comentó que en su lugar no le ha tocado investigar el tema, toda vez que el fuero del delito es federal y correspondería a la Fiscalía General de la República dar seguimiento al tema y capturar a los responsables de defraudar a los indocumentados con promesas de llegar a los Estados Unidos a cambio de pagos monetarios.

“En hacinamiento tremendo es delicado, la FGR puede dar buen avance con la investigación para ir frenando estos hechos con las investigaciones, no me ha tocado investigar el tema, por ser federal, son personas que vienen a buscar un sueño, no es sencillo, son varios millones de pesos, es un tema que la FGR debe atender, están en actitud de proceder, propuse reuniones para poder apoyar, porque no puede estar pasando esto, debemos entregar información y en todo lo que nos pidan apoyo”, comentó.

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De acuerdo con la información que otorgaron algunos de los migrantes que han sido víctimas de este tipo de engaños, es que algunas personas ofrecen llevarlos a los Estados Unidos, pero en la mayoría del tiempo la pasan al interior de domicilios donde los resguardan con la promesa de llevarlos a su destino.

Previo a esto, los interesados deben pagar varios miles de pesos, que incluso las autoridades estatales ven la posibilidad de que los mismos “polleros” sean quienes den aviso a las autoridades para no concretar los traslados y apoderarse del dinero que previamente cobraron a los indocumentados.

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