Casi 100 kilos de cocaína, armas, cartuchos y vehículos aseguraron agentes de la Fiscalía General de la República.
El decomiso se realizó tras un cateo en una finca ubicada en los límites de los municipios de Allende y Montemorelos, al sur.
En el operativo los agentes de la Policía Federal Ministerial capturaron a dos personas sospechosas, pero un Juez de Distrito los dejó en libertad, presuntamente porque el Fiscal excedió el término para ponerlos a disposición y no hubo otra opción que dejarlo salir.
El aseguramiento consistió en 100 paquetes con clorhidrato de cocaína, los cuales arrojaron un peso neto de 99 kilos 773 gramos 700 miligramos, tres armas cortas de diversos calibres, así como 72 cartuchos.
También fue asegurado el inmueble, cinco vehículos, entre ellos uno blindado de modelo reciente y cuatro equipos de comunicación.
"La Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo León, obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio una orden de cateo, en donde logró asegurar más de 99 kilos de clorhidrato de cocaína, armas de fuego y cartuchos y se detuvo a dos personas, explicó a su vez la dependencia federal.
"El pasado 28 de agosto, luego de diversas investigaciones, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en compañía de peritos oficiales y el agente del Ministerio Público Federal (MPF), ejecutaron la diligencia de cateo en un inmueble tipo quinta, en las inmediaciones del municipio de Allende", informa al dar a conocer los hechos.
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Sobre los detenidos la Fiscalía explicó que los imputados se encuentran en investigación, además lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien integra la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud y Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Sin embargo, extraoficialmente se sabe que los detenidos seguirán el proceso en libertad, al ser puestos en libertad por el Juez, que consideró ilegal la detención por exceder las 48 horas del término para ponerlos a disposición por parte del fiscal Federal.
Pese a ello, la FGR negó que ese hubiera sido el motivo, y solamente se dijo que por encontrarse en investigación, no podían revelar datos de la carpeta.
La finca es resguardada por elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional.
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