Por los delitos de robo, allanamiento, privación ilegal de la libertad, amenazas, lesiones y daños en propiedad ajena fue denunciado el Coronel Miguel Marroquín Carreón ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Hasta el momento han sido cuatro víctimas las que iniciaron procesos formales en contra del mando militar a quien también acusan de gozar de la protección de las autoridades judiciales del estado.
Omar G. B.; Santiago V. G.; Alejandra G. J. y Alejandra V. R., (ésta última y su hija menor de edad, víctimas de agresión sexual) acusan al uniformado por la comisión de delitos graves, que han quedado evidenciados en cámaras de seguridad.
De igual forma, los Alcaldes de los municipios de Zináparo, Zamora, Yurécuaro, Ecuandureo, Tanhuato, Zacapu, Tangamandapio y La Piedad Michoacán señalaron falta de probidad y respeto a los derechos humanos cometidos por militares pertenecientes al 17 batallón de infantería con sede en Zamora Michoacán.
Dichas autoridad hablan de un uso indebido de la fuerza militar, detenciones arbitrarias, allanamiento, robo y amenazas, que militares están cometiendo durante supuestos “operativos” realizados en la región; particularmente los cometidos el pasado 17 de febrero en agravio de dichos denunciantes, donde el robo asciende a varios millones de pesos.
Ante las alcaldías ya señaladas han sido documentados al menos 17 casos graves de abuso por parte del referido grupo militar, con la presencia y participación de Marroquín Carreón.
A través de un comunicado las víctimas mediante un comunicado, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes, pues temen por sus vidas y exigen a la vez, una investigación inmediata y objetiva, de los casos denunciados, así como el esclarecimiento de las numerosas quejas que obra en poder de los ayuntamientos y que por temor, muchas otras víctimas no han querido denunciar penalmente y los abusos continúan ocurriendo bajo las órdenes de Marroquín Carreón.
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En septiembre pasado, la SEDENA reconoció que hasta esa fecha y en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos 47 personas y familias han sido víctimas de uso inadecuado de la fuerza, por parte de efectivos del Ejército Mexicano.
Aunque se trata de hechos que constituyen delitos federales la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reconoció que no ha sancionado internamente a sus elementos ni ha presentado denuncias en contra de los implicados ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades militares se basan en el Código de Justicia Militar, que establece el uso de la jurisdicción militar (fuero de guerra) cuando militares que se encuentran "en servicio" cometen delitos federales o del fuero común, así como en una interpretación forzada de la Constitución Política, para justificar su decisión de investigar violaciones graves de derechos humanos.
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