Abogados de la empresa Blue Propone denunciaron que el Ayuntamiento de Tijuana otorgó a la empresa Gas Silza S.A de C.V tres contratos por adjudicación directa, los cuales debieron someterse a licitación.
Alan Jaramillo, representante legal de la empresa gasera que busca acabar con el monopolio del gas en Baja California, detalló que las quejas las presentará ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia que será responsable de investigar el mal uso de, al menos, 350 millones de pesos de recursos públicos.
Las denuncias serán contra el Comité de Adjudicaciones del Municipio de Tijuana; el alcalde, Arturo González Cruz, y el Oficial a Mayor, Rodrigo Ruiz Garay, quienes aprobaron y firmaron el contrato más reciente ADQ-2019-AD-XXIII-003.
“La entrega de los contratos por adjudicación directa son una muestra más de la relación turbia que existe entre el Alcalde de Tijuana con algunas empresas gaseras, en este caso con Gas Silza S.A de C.V, a quienes de manera muy burda los benefician con dinero público simulando actos administrativos y pretendiendo hacerlos pasar por actos legales”, afirmó el abogado.
Explicó que los contratos fueron pagados con recursos públicos provenientes de la partida presupuestaria 26101 que corresponde a combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, que este año y en años anteriores tenían etiquetados 350 millones de pesos.
Señaló que a nivel nacional existe una regulación que limita las adjudicaciones directas hechas con recursos públicos, donde el tope mínimo es de 284 mil pesos y tope máximo de más de un millón 824 mil pesos que se debió respetar.
“Los contratos debieron entrar forzosamente a licitación pública y a un concurso de los interesados y se debió abrir la solicitud del servicio de manera transparente y que quedara constancia que el servicio que se prestaba era en las mejores condiciones para el Municipio”, detalló en conferencia de prensa.
Recordó que en días pasados el Alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, justificó que el contrato ADQ-2019-AD-XXIII-003 se otorgó de manera apresurada por la emergencia sanitaria, pero este documento se firmó en octubre del 2019 y los otros dos contratos en enero del 2018, cuando no había pandemia.
“El Alcalde miente al justificar que por la pandemia decidió de manera discrecional emitir la autorización para que se entregue una adjudicación directa de esta manera”, expresó Jaramillo.
Agregó que la empresa Blue Propone también interpondrá denuncias penales y administrativas contra funcionarios municipales que desde el 2014 han impedido que la empresa opere en Tijuana, donde no han podido abrir 10 estaciones de servicio.