A más de cuatro años del asesinato de Samir Flores, activista y comunicador fundador de la estación de radio comunitaria Amiltzinko, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua culparon a autoridades estatales de Morelos de impedir y limitar las investigaciones a diversos actores políticos que podrían estar relacionados en el homicidio.
Acompañado del grupo de activistas, David Peña Rodríguez, abogado de la familia de Samir, encabezó una conferencia de prensa en la que aseguró que pese a que no puede afirmar que el Gobierno del Estado de Morelos esté o no esté ligado al crimen, “sí ven complicidad o protección” hacia funcionarios.
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A su vez, Carlos González, integrante de la Coordinación del Congreso Nacional Indígena, organización de la cuál Samir era integrante, dijo que no eximen al gobierno estatal ni mucho menos, pero sí exigen se llegue a un total conocimiento de la verdad, inclusive, señala que en presumen que en el crimen estarían relacionados funcionarios de la actual administración de Morelos o del Gobierno Federal.
El activista recordó que el mismo día del asesinato, “apareció una narcomanta firmada por el Comando Tlahuica, cuyo líder es Homero Figueroa Meza, alias “La Tripa”, y reclamó que “si hay políticos, diputados, senadores, partidos políticos, empresarios, lo que se está exigiendo es que se llegue a ese conocimiento”.
Lamentó que Morelos sea una de las entidades generadoras de violencia y que el mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco, se viera involucrado con el crimen organizado tras la publicación de una fotografía junto a otros dos líderes criminales.
El también abogado, aseguró que la colusión inicia desde autoridades federales con la protección de las instituciones del Estado a los cárteles criminales. Desde hace décadas, añadió, las instituciones han estado sujetas a los intereses políticos y económicos más poderosos.
“Lo mismo ocurre con el Poder Judicial. Si hay una estructura judicial corrupta en este mundo es la de México. Si hay una estructura judicial cómplice del crimen, cómplice de los crímenes permanentes y continuados hacia los pueblos originarios es el de este país”, lamentó González.
Hasta el momento, consideró el abogado de las víctimas, en la Fiscalía estatal está estancada, pese a que hay una persona detenida y vinculada. Pese a que está en busca de otra persona cómplice y sustraída de la ley.
“Nosotros no confiamos en ninguna de las dos Fiscalías, el tema es que esto es lo que hay. Confiamos en su momento en la Fiscalía local porque era el crimen ahí (el de Samir) y porque la Fiscalía General se negó a atraer el caso desde un principio”, recordó. Sin embargo, precisó que de nuevo tienen que confiar en la FGR, porque ahora será la instancia que continúe con las investigaciones a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.
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