Cuernavaca, Morelos.- El gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, decretó el uso de cubrebocas obligatorio desde el 29 de octubre aún sin haber sido aprobada en el Congreso local, ni publicada en el Periódico Oficial (PO).
De acuerdo con el PO, con fecha del 27 de noviembre de 2020, la medida es preventiva y obligatoria en el estado, a fin de mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la pandemia por coronavirus o la COVID-19.
Fue hasta el día 26 de noviembre de 2020, cuando el Congreso de Morelos, aprobó con 17 votos a favor y dos abstenciones el dictamen de ley presentado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y suscrita por la diputada del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, el cual, regula el uso obligatorio del cubrebocas y establece la aplicación de multas, amonestaciones y trabajo comunitario a quien incumpla la medida.
La Ley otorga facultades a las autoridades municipales y estatales para obligar a los ciudadanos a cumplir con el uso de cubrebocas y otras medidas complementarias como el distanciamiento social y el lavado constante de manos.
La nueva normativa determina los espacios donde será obligatorio el uso de cubrebocas, como son las vías y espacios públicos o de uso común -cerrados o al aire libre-; en el interior de establecimientos ya sea de comercio, industria o servicios; además de centros de trabajo de cualquier ramo.
Asimismo, se establece la utilización de la mascarilla y la observancia de las medidas mencionadas en lugares de culto religioso; centros comerciales y todos aquellos en donde no se puedan aplicar medidas de contención como el distanciamiento físico; así como para usuarios, operadores y conductores de los servicios de transporte de pasajeros y de carga.
El decreto que ordena la publicación de la ley fue expedido por el Gobernador un mes antes de que existiera la ley aprobada por el Congreso, según se ve en la publicación de esta fecha en el Periódico Oficial de Morelos.
Entrará en vigor una ley que el Gobernador sancionó cuando era inexistente, con toda la inseguridad jurídica para la población que “gobierna”.
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