Luego de que comuneros de la comunidad Tilzapote, ubicada en la costa oaxaqueña, señalaran que con documentos falsos se les pretende despojar de 300 hectáreas y acusaran a un grupo de abogados y notarios por presuntamente alterar documentos y escrituras, la Notaría Pública No. 78 en aquel estado hizo este jueves un posicionamiento al respecto tras haber sido mencionada en el caso.

Se recuerda que Edith Santibáñez Bohórquez, representante de los comuneros, dijo que se solicitó al Gobierno federal que revisara el tema debido a que se habría armado un expediente que incluye un título de propiedad otorgado por la Notaría No. 78 del estado de Oaxaca que calificó de fraudulento.

Al respecto, en conferencia de prensa el pasado 08 de enero, tras la pregunta de una reportera sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el asunto estaba siendo atendido y que era de conocimiento ya del gobernador Alejandro Murat.

Por lo anterior, el Corporativo Velásquez Chagoya al que pertenece la Notaría Pública No.78 del estado de Oaxaca emitió este día un posicionamiento sobre su participación en al caso y aseguró que los documentos que entregó un cliente particular para realizar el mencionado trámite fueron cotejados, reunían todos los requisitos legales y contaban con antecedentes remotos emitidos por Notarios Públicos.

“La escritura por la transacción de compra-venta de ese terreno se realizó entre particulares y quedó debidamente firmada por todas las partes el 27 de septiembre de 2002; sin embargo, la parte compradora no cubrió el pago de derechos catastrales correspondientes sino hasta marzo de 2018, año en que el trámite de registro quedó concluido como marca la Ley”, aseguró el presidente de la compañía Ramón Velásquez.

Agregó que en Oaxaca no existe algún límite en el tiempo para que algún particular realice el pago de sus derechos catastrales y registrales, por lo que la transacción realizada ante la Notaría se apegó completamente a la legalidad.

Puntualizó que la Notaría Pública No. 78 a cargo de la Dra. Ma. Antonieta Chagoya Méndez en donde se realizó el procedimiento contó con las correspondientes escrituras públicas cuyos antecedentes datan de 1979 y 1963, así como con los pagos de predial y comprobantes de pago de impuestos en originales y copias.

El directivo afirmó que “la empresa se ha mantenido siempre al margen de cualquier posible proceso político y de intereses económicos que pudieran estar generando la citada situación de controversia”, y añadió que en repetidas ocasiones han propuesto que se actualice la Ley para que se establezca temporalidad en el pago de derechos y evitar así que los trámites se puedan extender hasta por décadas.