Chiapas, México.- La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional exigió al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión detener la criminalización de médicos y enfermeras ante crisis sanitaria que padece el país y, en su lugar, asumir la responsabilidad que les compete para contener el desbordamiento de la pandemia Covid-19 (la cual reporta más de 45 mil muertes) mediante la reasignación de recursos como los 70 millones de pesos destinados a la construcción de una escuela de Béisbol en Texcoco “para dar gusto al Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Por lo anterior, el vocero de Mocri-CNPA-MN Chiapas, Eric Bautista Gómez, demandó, además de la reasignación presupuestal, la liberación inmediata del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca asignado al Hospital de Especialidades del ISSSTECH, encarcelado resultado de una acción dolosa por parte de Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del ex dirigente del partido local Mover a Chiapas quien interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por abuso de autoridad.

Esta denuncia la fundamentan sobre el supuesto de que el médico solicitó medicamentos y equipo a los familiares del paciente con coronavirus ya que argumentó no se contaba con lo requerido para el tratamiento de Arturo Ramírez López, ex dirigente del partido Mover a Chiapas y ex diputado local, quien ingresó al hospital tras complicarse la covid-19 que padecía y posteriormente falleció.

Tras la muerte del ex legislador, su hija, Karen Alejandra Ramírez Molina, afirmó que el médico le solicitó insumos y equipo médico para atender a su papá, por lo cual interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por abuso de autoridad.

El médico fue detenido sábado pasado y fue recluido en los separos de la cárcel conocida como El Canelo, en Tuxtla Gutiérrez.

La detención del médico Grajales Yuca es arbitraria y pone en evidencia una política generalizada de criminalización a los sectores que denuncian la política incorrecta que se está aplicando en la llamada 4T.

“Mientras los trabajadores del sector salud trabajan a marchas forzadas sin el equipamiento y los medicamentos suficientes para la atención de la contingencia provocada por el COVID 19, México sufre las consecuencias de una enfermedad a la que no se puso la atención correcta”, señaló el vocero de Mocri-CNPA-MN Chiapas.

Argumentó Eric Bautista Gómez, no es un problema de los médicos, las enfermeras y el personal, es un problema del sistema de salud que si bien los gobiernos anteriores dejaron desmantelado ahora es responsabilidad de la administración federal invertir en la salud como un elemento primordial al servicio del pueblo.

Por ello es condenable la actitud del Gobierno quien busca pretextos para esconder una realidad que, a todas luces, es evidente.

Se insiste en desestimar la magnitud del problema considerando que con un mes de suspensión de labores se tendría el control de la situación y con el supuesto de que habían “otros datos” se declaró una “nueva normalidad” mientras el número de contagios y muertos no se ha estabilizan ni bajan.

Es así como la población ha perdido la confianza en los servicios de salud (no así, en los médicos) y un caso emblemático es de un campesino del municipio de Ocosingo quien al no recibir información adecuada en su lengua materna, ni medicamento para la fiebre y dolor, terminó por suicidarse, hecho que es responsabilidad del sistema de salud.

Y es que no se quiere ver la crisis sanitaria como es la falta de oxígeno el cual lo consiguen los familiares de los enfermos más graves para tener una mayor esperanza de vida aunque el costo de la renta del tanque supere los 5 mil pesos.

La nueva normalidad es, enfatizó, que la población opta por la atención de médicos particulares, paga honorarios, medicamentos y equipo si se requiere, pero además se ponen en riesgo a médicos y familiares al estar en contacto directo con el enfermo.

Otros casos más dolorosos se muestran cuando el enfermo de COVID.19 no tiene los recursos y utiliza alguna pastilla y hierbas medicinales esperando la recuperación o la muerte.

Por ello exigimos la inmediata e incondicional liberación del Doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca así como el equipamiento y dotación de medicamentos para la atención de la emergencia provocada por el COVID 19.

Es momento, concluyó, de poner un alto a la criminalización de la lucha social y la denuncia pública; se debe priorizar la salud por encima de los proyectos estratégicos del neoliberalismo; y urge otorgar información adecuada en las lenguas maternas para las comunidades indígenas sobre síntomas y atención del Covid-19.