César Mateos y Flavio Sosa acusan al expresidente Felipe Calderón de proteger la operación del Cártel de Sinaloa y accionar a favor del enriquecimiento de empresas. Así lo realizaron ante la Fiscalía General de la República.
De acuerdo a la declaración de los activistas sociales el Gobierno de Felipe Calderón financió al Cártel de Sinaloa contra la población, brindándoles protección, “lo que generaba permisibilidad de asesinar, torturar y desaparecer a todas aquellas personas y grupos que trataran de invadir el territorio del o las células que eran protegidas por el gobierno, lo que evidentemente representó un peligro para la Seguridad Nacional, pues dicho gobierno nunca tuvo la intención de investigar los hechos”.
Destacan que “durante el sexenio de Felipe Calderón, su secretario de Seguridad Pública fue Genaro García Luna, quien fue detenido en diciembre de 2019 en Estados Unidos, acusado, según el Departamento de Justicia, de recibir sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de protección para sus actividades de narcotráfico”.
Mientras que la denuncia penal presentada por César Mateos y Flavio Sosa en materia de traición a la Patria corresponde a un deliverado favoritismo del Gobierno de Felipe Calderón “a empresas extranjeras por encima de los intereses nacionales, incluso antes de asumir la Presidencia de la República, actuando en contra de la independencia y la soberanía energéticas de México, a favor de la empresa española Iberdrola, sometiendo al país a las decisiones que en ese rubro convinieran a la corporación”.
Adicionalmente, durante su ejercicio como Secretario de Energía benefició indebidamente a empresas privadas a costa del erario público, lo que fue determinado igualmente por la Auditoría Superior de la Federación, según consta en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2003.
Dicha denuncia, presentada este lunes en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”, es un llamado a cumplir con el derecho de las y los mexicanos de acceder a la justicia.