Allende, Coahuila.- En una redada, la DEA decomisó más de 800 mil dólares en efectivo que iban ocultos en el tanque de gasolina de un vehículo conducido por uno de los miembros del cártel de Los Zetas, quien identificó a su jefe como José Vázquez Jr., alias El Diablo.
Vázquez Jr. era el distribuidor de cocaína más grande de Los Zetas en Texas, por lo que los agentes estadounidenses lo vieron como una gran oportunidad para llegar a los líderes del cártel y capturarlos. A 10 años de la masacre, Allende guarda silencio tras la venganza de Los Zetas
La DEA presionó a El Diablo con la amenaza de meter a la cárcel a su esposa y su mamá si éste no les proporcionaba información de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y Omar Treviño Morales, el Z-42. Éste aceptó y convenció a Héctor Moreno, otro miembro de Los Zetas, de entregarle los números de rastreo de los teléfonos celulares de sus jefes.
Moreno se encargaba de comprar celulares nuevos cada 15 días a los Treviño Morales para evitar que sus comunicaciones fueran interceptadas.
El Diablo entregó a la DEA la información de los celulares y estos compartieron los datos con una unidad de la Policía Federal de México. Sin embargo, los agentes mexicanos informaron al cártel sobre la filtración de información, lo que desató la rabia de los líderes. El cártel de inmediato supuso que Héctor Moreno y otro hombre identificado como José Luis Garza habían sido los soplones.
Garza era de Allende y formaba parte de una familia adinerada que se dedicaba a la ganadería y minería de carbón. Los hermanos Treviño Morales planearon la venganza en contra de sus delatores, enfocando primero su artillería en contra de la familia Garza y cualquiera que tuviera algún vínculo con ella.
Así fue que el viernes 18 de marzo decenas de criminales llegaron a Allende, localizaron las propiedades de los Garza y asesinaron a todo aquel que estaba en su interior.
Para la noche se podían ver las llamaradas a lo lejos que salían de los ranchos. Los sicarios no hicieron distinción: hombres y mujeres, ancianos y niños, todo aquel con apellido Garza y que tuviera relación con la familia fueron desaparecidos y asesinados. Incluso arremetieron contra personas que nada tenían que ver con los Garza y su único error fue haber estado esa noche en la calle.
La mañana del sábado 19, retroexcavadoras comenzaron a demoler bodegas, casas, negocios y quintas de descanso. Sólo fincas abandonadas y destruidas y el silencio autoimpuesto de los habitantes de Allende quedan luego de la masacre perpetrada en esta ciudad hace 10 años por Los Zetas.
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El 18 de marzo de 2011, alrededor de las 7 de la tarde, 50 camionetas con hombres armados de Los Zetas llegaron a Allende, Coahuila, e hicieron que durante tres días ardiera la tierra: 40 propiedades y siete ranchos fueron destruidos y decenas de personas fueron asesinadas o desaparecidas.
Luego de 10 años la población sigue en alerta: cuando ven a un vehículo que no porta placas de Coahuila o de Texas sus rostros cambian, se alejan y los visitantes que curiosean por la ciudad son vigilados en todo momento. Aún se desconoce cuántas personas fueron víctimas de la matanza.
La cifra oficial de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila es de 28, sin embargo, asociaciones civiles y colectivos de búsqueda de desaparecidos señalan que fueron más de 90 y que la masacre no se limitó a los tres días de violencia en Allende, sino que fueron meses de plagios y asesinatos en todo el norte del estado.
La de Allende es una tragedia que sigue en espera de respuestas y castigo para los responsables. Uno de los sucesos más terribles de la historia no se originó en México, sino en Estados Unidos, derivado de una operación fallida de la Administración para el Control de Drogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés) y que tenía como fin la captura de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas, quienes al saber que uno de los suyos los iba a entregar arremetieron contra su familia y todos los que tuvieran que ver con él.
Allende se encuentra a 383 kilómetros de Saltillo, la capital de Coahuila, y a 649 kilómetros de Torreón. Llegar ahí no es sencillo. En la señalética que está en la entrada del municipio precisa que según el Censo del INEGI, en el 2020 había 42 mil 756 habitantes. El letrero, que todavía muestra los balazos de los encontronazos entre grupos delictivos y autoridades, está a menos de veinte metros de un retén militar y a 100 metros del cuartel de la Policía Civil de Coahuila.
Fueron 40 casas y siete ranchos a donde llegaron hombres fuertemente armados a buscar a todo aquel familiar o empleado de un hombre de apellido Garza, a quienes los Treviño identificaron como el traidor.
De esas propiedades, aseguran los lugareños, sacaron a familiares y personal de servicio: empleadas domésticas, vigilantes, choferes, jardineros y jornaleros. Resultado de esa cacería, decenas de personas desaparecieron y todavía no se sabe nada de ellas. Allende guarda silencio tras la venganza de Los Zetas. Después de una década, las fincas lucen destruidas y llenas de basura, pues nadie las reclamó, ya sea por temor o porque no quedó nadie de la familia con vida para hacerlo. Éstas propiedades contrastan con las que están a su alrededor.
Son inmensas en comparación con las viviendas de interés social y tienen detalles de casas estadounidenses, tendencia marcada por su cercanía con Eagle Pass, Texas. El miedo de los pobladores es justificado, pues es reflejo de los 12 desaparecidos que se han registrado durante el último año en la región. Sigue siendo una zona de riesgo. Las familias de los desaparecidos tienen todavía la esperanza de saber qué les pasó, porque viven con dolor y no han logrado cerrar el ciclo. Aun así, tienen miedo de hablar.
Luego, los criminales incitaron a los pobladores a que las saquearan. Familias enteras entraron a las fincas por televisores, electrodomésticos, muebles y hasta el cableado. No quedó nada. Del 18 al 22 de marzo en Allende y Piedras Negras se recibieron en el Sistema de Emergencias 089 un total de mil 451 reportes de auxilio que nadie atendió. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la policía municipal de Allende participó activamente en la desaparición de personas, como lo detalló en la recomendación 10-VG/2018.
Después de consumar la masacre, el pueblo enteró calló por años. Aunque era un secreto a voces, nadie hizo nada. Ni autoridades ni fuerzas de seguridad se atrevieron a enfrentar al que era entonces el cártel más poderoso y sanguinario del país, pese a que algunos familiares de las víctimas habían interpuesto denuncias en la agencia del Ministerio Público en Piedras Negras.
En la mayoría de los casos de desaparición los familiares no denunciaron por temor de ser rastreados y asesinados. Fue hasta principios de 2014 cuando se hizo pública, a través de los medios de comunicación, la masacre ocurrida en Allende en 2011. La ahora Fiscalía General de Justicia tiene registro de 28 personas desaparecidas en ese fin de semana y 42 entre enero del 2010 y agosto del 2012. La cifra se basa en las denuncias que recibió la dependencia.
Activistas y colectivos de búsqueda de desaparecidos estiman que pudieron ser cientos las víctimas de aquel fin de semana, pero a la fecha, el número es impreciso.
Los Treviño
Miguel Ángel Treviño, el Z-40, fue detenido en 2013 y espera su extradición a EU; Omar Treviño Morales, el Z-42, fue aprehendido en 2015 y fue condenado a 18 años de cárcel.
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