Por el delito de ejercicio ilegal de servicios público en su hipótesis de alteración de información, un juez de Control vinculó a proceso a un funcionario del Registro Civil de la Ciudad de México, a quien se le señala de formar parte de una red de falsificadores de documentos.
Durante la audiencia, el impartidor de justicia determinó imponerle a Gerardo "N" como medida cautelar la prisión preventiva justificada y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
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De esta manera fue definida la situación jurídica de uno de los cuatro servidores públicos que fueron detenidos junto a dos supuestos gestores, en distintas acciones que realizaron elementos de la Policía de Investigación (PDI) en inmediaciones del Registro Civil, el jueves pasado.
Para el resto de los arrestados será mañana martes cuando el juez defina si los vincula o no a proceso, debido a que en la audiencia inicial los imputados solicitaron a través de sus abogados la duplicidad de término constitucional.
Como medida cautelar, el juez les impuso la prisión preventiva a los servidores públicos del Registro Civil, Roberto "N", adscrito al área de Atención Ciudadana; Alma "N", empleada de la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Control y Orientación, y Guadalupe "N", quien laboraba en la Jefatura de Unidad Departamental de Inscripción de Resoluciones y Análisis.
También a Francisco "N", propietario de una papelería, y Beatriz “N”, ex servidora pública de atención en ventanilla, quienes fungían como supuestos gestores.
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Las mujeres deberán permanecer en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y los hombres en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
De acuerdo con las investigaciones, los seis operaban dentro y fuera de la Oficina Central del Registro Civil para posiblemente facilitar y agilizar algún trámite de adquisición o modificación de documentos oficiales, tanto auténticos como apócrifos a cambio de una remuneración económica.
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