Mónica García Villegas, directora del Colegio Enrique Rébsamen, fue vinculada a proceso por el delito de homicidio culposo en agravio de 26 personas, entre ellos 19 menores de edad; hechos que ocurrieron la tarde del 19 de septiembre de 2017.
Al término de la segunda audiencia -al interior de la Sala 7 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México- la jueza de control, Esperanza Medrano Ortiz, vinculó a proceso a la también propietaria del centro educativo y fijó tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, lapso en que la detenida deberá permanecer en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla como medida cautelar.
En la ampliación del término constitucional, solicitada por la parte defensora de la imputada, la impartidora de justicia determinó así su situación jurídica; asimismo, en la audiencia inicial de formulación de imputación -realizada el pasado domingo- la juez verificó que el mandato judicial de detención se cumplimentó de manera legal, lo cual fue aceptado por ambas partes.
Entre tanto, el próximo 18 de mayo se llevará a cabo una tercera audiencia por el delito de responsabilidad de directores de obra en su modalidad de propietario; por lo que la ex directora del Colegio Enrique Rébsamen fue llevada de nuevo al penal de Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa.
El pasado 11 de mayo, la imputada -que se encontraba prófuga de la justicia desde el día de los hechos y que contaba con una Ficha Roja en la Interpol, buscada en 190 países- fue detenida un restaurante localizado en Calzada de Tlalpan. Al siguiente día se ejecutó la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, se formuló la imputación y el juzgador que la requirió le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que el 13 de mayo se ejecutó una orden de aprehensión por el delito de responsabilidad de directores de obra en su modalidad de propietario; lo anterior debido a que presuntamente permitió que se realizaran obras de construcción que están fuera de la reglamentación y de las que posiblemente tenía conocimiento de que no se podían llevar a cabo.
Hecho por lo cual, se pudo haber derivado en el colapso de la escuela y la muerte de las 26 personas. Victimas indirectas del percance afirmaron que no buscan una reparación económica del daño, sino que exigen el encarcelamiento de la imputada.
