En la víspera de llegar a mitad de su sexenio, el próximo 2 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido frenar la escalada de violencia producida por los carteles de la droga que ha dejado más de 100 mil muertes violentas.
Además, el gobierno de la 4T rompió record en el despliegue militar en todo el territorio nacional al contabilizarse 236 mil 626 militares en las calles y en apoyo a operaciones militares, cifra que representa la más alta en los primeros tres años de un gobierno, comparado con los periodos presidenciales de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
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Aunque especialistas refieren que el debilitamiento de las organizaciones del narco se debe privilegiar la inteligencia militar más que el despliegue, recientemente 3 mil 500 militares fueron desplegados a Zacatecas, entidad que ha sido impactada por el narcotráfico, y que se sumaran a los mil 797 elementos que ya estaban en la entidad.
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Un informe de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), dado a conocer a través de trasparencia, señala que, en su primer año como presidente, 2007, Felipe Calderón Hinojosa ordenó el despliegue de 45 mil soldados, 45 mil 106 al siguiente año y 48 mil 650 en 2009. Eso da un total de 138 mil soldados atendiendo labores de seguridad en los tres primeros años de la guerra contra el narcotráfico.
Comparando los datos con los tres años del presidente Obrador, tenemos que, en su primer año de gestión, 2019, se registraron 52 mil 70 soldados en las calles, la cifra aumentó a 76 mil 178 militares el año pasado y se disparó a más de 80 mil 210 este año. Esto da un despliegue de 208 mil 458 efectivos desplegados. Casi el doble que el sexenio de Calderón.
Comparado con el despliegue militar ordenado por Enrique Peña Nieto en los años 2013, 2014 y 2015, el mayor número de militares en las calles fue en 2015, con 37 mil 142.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumenta que el despliegue militar es para atender labores de seguridad, apoyo a autoridades estatales, construcción de la paz y combate al crimen organizado.
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El documento de la Sedena da cuenta del estado de fuerza en entidades. Así por ejemplo en Sinaloa, tierra dominada por el Cartel de Sinaloa, y punto clave para la siembra de marihuana y amapola, solo hay 3 mil soldados.
En Sonora, donde el gobernador es Alfonso Durazo Montaño, quien se desempeñó como Secretario de Seguridad Federal, hay 2 mil 793 militares. En Zacatecas, donde el cartel Jalisco y Sinaloa pelean por las rutas de trasiego, había mil 797 elementos.
Otra de las entidades donde el cartel de Sinaloa, la Familia, los Zetas y el Golfo disputan la distribución de droga, es Quintana Roo, donde operan mil 224 soldados.
En el caso de Chipas por el tema migratorio el gobierno federal tiene 10 campamentos donde se instalan 4 mil militares entre soldados y guardia nacional.
El año pasado en Tabasco, donde se construye la refinería Dos Bocas, había 5 mil 833 soldados y este año se redujo a mil 973.
La organización civil, México Unido contra la Delincuencia (MUCD) señala que la militarización de la seguridad pública también se ha justificado en la supuesta efectividad de las Fuerzas Armadas para hacer frente a los grupos que perpetran estos delitos.
Sin embargo, de acuerdo con un análisis a partir de datos oficiales de la Sedena, por medio de solicitudes de información, la presencia del Ejército no tiene impacto en la reducción de la comisión de estos delitos. Por el contrario, la tendencia en el aumento de la comisión de delitos continúa.
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Señala que nuestro país, lleca 20 años apostando a la militarización como estrategia para atender la seguridad pública. Esto no ha tenido un impacto positivo en la incidencia delictiva ni en la impunidad. Por el contrario, a pesar del aumento de elementos de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, dentro y fuera de la Guardia Nacional, delitos como el homicidio doloso, el secuestro o la extorsión no solo no han disminuido, sino que han aumentado.
“Lo mismo sucede con otros delitos locales y federales que no se previenen, investigan ni sancionan adecuadamente. A pesar de la evidencia, se sigue dando mayor independencia y menor supervisión a las actividades de las Fuerzas Armadas, lo cual no solo tiene impacto en el fracaso de la política pública de seguridad, sino en el fortalecimiento del Ejército y la Armada permanente”, señala.
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