El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó en conferencia de prensas sobre una serie de avances en el desarrollo de las investigaciones de una red de corrupción en el sector bienes raíces en la que presuntamente incurrieron servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez.
Detalló que, como resultado de las indagatorias llevadas a cabo por personal de esta Fiscalía, el día de hoy suman 60 inmuebles asegurados por la fiscalía, entre ellos predios, casas y departamentos, de estos, nueve los directamente relacionados a la información proporcionada por un empresario de la industria de la construcción, quien se sujetó al mecanismo del criterio de oportunidad.
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El funcionario explicó que los inmuebles referidos están ubicados en la calle Riff, en la colonia Santa Cruz Atoyac; en la calle José María Rico, y en los complejos City Towers, y de los cuales se advierte que fueron adquiridos por personas físicas y morales, de quienes el incremento de su patrimonio se encuentra posiblemente injustificado.
La gran mayoría de los inmuebles estaban sujetos a la propiedad de quienes se desempeñaban como directores generales en la alcaldía Benito Juárez (Obras y Desarrollo Urbano y Jurídico y de Gobierno); sus familiares y empresas relacionadas a dichas personas, incluyendo servidores públicos, aunque existen algunos inmuebles se encontraban en arrendamiento o comodato y eran ocupados por terceras personas, mismas a las que se les han respetado sus derechos.
De esta forma, a partir de estudios periciales de contabilidad, se detectó la posible comisión de diversos delitos financieros debido a que a una persona se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos. Estos recursos pueden ser considerados de procedencia ilícita.
Como parte de esta serie de hallazgos se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal.
En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas mencionadas en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se les tratará como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.
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