Un total de 14 niñas, niños y adolescentes son sustraídos diariamente, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), mientras que en el caso de Estados Unidos, Missing Children Center estima que el 60 por ciento de desapariciones infantiles, se trata de secuestros parentales cometidos por padres o familias extendidas.

Durante los años que Cynthia Bravo Moore no ha visto a su hija, además del litigio para recuperarla, ha trabajado para impulsar la Ley Camila, tomando como impulso el caso de separación de la menor, quien se encuentra con su padre y les ha impedido convivir desde noviembre del 2018.

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Para Cynthia, la situación con su hija reavivó recuerdos de la infancia al ser secuestrada por su abuelo cuando era bebé y fue desprendida de su madre en Estados Unidos, para traerla a México en donde hubo fichas de búsqueda y, cuando se convirtió en adulta, se enteró de que su mamá la buscó en Seattle y Texas.

“Fui sustraída por mi abuelo paterno cuando tenía cuatro meses, ya que mi padre muere y a mi madre le cierran todas las puertas para que podamos estar juntas. Mi abuelo era un hombre con poder y a lo largo de mi vida me había preguntado porque mi madre no me había recuperado”, narró Bravo Moore a LA PRENSA.

La situación con su hija es parecida, su ex pareja se llevó a Camila después de que ella decidió separarse, “se la llevó a casa de su madre, no me contestaba el teléfono y al siguiente día me habló y me dijo que como yo terminé la relación con él, que él decide que Camila se va a quedar con él y con su familia”.

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El padre de la menor, quien es abogado, aprovechó una salida de Cynthia quien fue a cuidar a su abuela y cuando volvió, ya no estaban las cosas y no le tomaba las llamadas. Diez días más tarde, él interpuso una demanda “con argumentos falsos para quedarse con la guardia y custodia de mi hija y evitar el pago de la pensión alimenticia, La única forma para verla era firmar un convenio que él redactó y acepté”.

La situación no mejoró, ya que el hombre solicitó estudios psicológicos para argumentar su demanda, “mientras yo recibía amenazas de que no iba a volver a ver a mi hija”, aseguró Cynthia, cuyo caso no ha tenido grandes avances desde el 2018, a pesar de la aprobación de la Ley Vicaria.

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Durante un tiempo, Camila de nueve años de edad y su madre pudieron pasar tiempo juntas, ya sea ante la presencia de familiares o por medio del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) con reportes favorables, pero nunca a solas, aunque la menor no ha querido convivir con su madre, ya que al parecer presenta “interferencia parental y conflicto de lealtades”, cuenta la madre de la menor.

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“Él no la presentó por un mes y después, encuentro a mi hija totalmente manipulada, era otra y me decía llorando que yo no la quería que yo no era su mamá, frases de adulto como; madre es la que cuida y protege, que yo no le había cambiado los pañales, cosas que le tuvieron que decir”, explica Bravo.

Aunque no pierde la esperanza de recuperar a su hija y que se aplique justicia en su caso, que es el de muchas mujeres en el país, la también impulsora de la Ley Camila, le hace un llamado a las autoridades para que presten atención al tema de la violencia vicaria y la afectación que también viven los menores en medio del conflicto legal tras la sustracción y alienación parental.

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