La Secretaría de la Función Pública inició una investigación tras la serie de denuncias presentadas en contra de subdirectora general de cultura democrática y fomento cívico de la secretaría de gobernación, Sonia Angélica Hernández por presuntos actos de corrupción y extorsión.
En una serie de denuncias realizadas a través de Secretaría de la Función Pública por parte de colaboradores y ciudadanos en donde señalan corrupción y extorsión a la servidora pública Sonia Angélica Hernández Martínez, quien se desempeña como subdirectora en la dirección general de cultura democrática y fomento cívico de la secretaría de gobernación cuyo titular es, Julio César Hernández Martínez, como posible responsable de actos de corrupción y extorsión contra ciudadanos.
Los afectados señalaron que estos hechos constitutivos de delito que se denuncian, ocurrieron el 2 de Junio del 2023, cuando la señalada amenazó a la dueña de un bar LGBQT+ por tener una bandera de México incluida con los colores del arcoíris representativos del movimiento, sin embargo denuncian que para no proceder a una sanción le dieran a ella dinero, cosa que se negaron y empezaron las amenazas.
De acuerdo a la denuncia, la presunta responsable utilizando su poder solicitó dinero “para no estarlos molestando después” y al negarse ellos, los dueños de bar, contestó que “iba ver la forma de chingarlos ya que trabaja en la SEGOB y tenía muchos amigos”. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas acusaciones aún deben ser investigadas y probadas ante el Órgano Interno de Control, en donde ya existen denuncias contra ella por estos actos, y se debe garantizar el debido proceso para todas las partes involucradas.
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Ante la posible confirmación de estos actos los denunciantes piden que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva y transparente para determinar la veracidad de las acusaciones.
Si se confirma la participación de la servidora pública en posibles actos de corrupción, extorsión y abuso de poder, debe aplicarse la ley con rigor y ejemplaridad, enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la justicia, y siguiendo las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador de no tolerar estas conductas.
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