Las reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tienen un toque electoral más que legal, pues se refieren a la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, aseguró Arturo Santana Alfaro, ex vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Agregó que en tiempos de empoderamiento de la mujer se debería especificar “o deudoras alimentarias” ya que en diversos casos la deudora solidaria es precisamente la mujer que abandona a los hijos (as) dejándolos a su suerte con el padre.
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Dijo que “el asunto trasciende a la violación de derechos fundamentales cuando pareciera que el estado debe de actuar suspendiendo derechos civiles y Políticos para estos deudores o deudoras, como se hace actualmente con los sentenciados cuando estos han sido encontrados culpables por la comisión de algún delito.
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“Porque tal pareciera que si el deudor o deudora quisieran reivindicar su conducta no podrían hacerlo en el caso de que se encontraran desempleados y quisieran conseguir algún trabajo dentro o fuera del país que pudiera ayudar a cumplir la obligación alimentaria para con los hijos; por ejemplo que objeto tendrá negarles un permiso o licencia para conducir, (si el deudor o la deudora tiene aptitudes para ser taxista o chofer en cualquier modalidad) o en el caso de pretender viajar al extranjero en busca de mejores oportunidades laborales tampoco podrá hacerlo puesto que la reforma habla de negarle el trámite para la obtención del pasaporte, documento necesario para poder ingresar a cualquier otro país”, comentó el ex legislador Arturo Santana.
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Detalló que “si el deudor o la deudora alimentaria quiere participar en alguna contienda para un cargo de elección popular no podrá hacerlo por estar en el Registro de deudores alimentarios actualizándose una flagrante violación a sus derechos políticos, y por si esto fuera poco no podrán concursar para ser Jueces, Magistrados o Ministros de la Corte”.
Es entendible –dijo Arturo Santana–, “que en estos tiempos se busquen formas más eficientes para hacer cumplir la obligación de proporcionar la pensión alimenticia que garantice el bienestar de los hijos e hijas que se quedaron en medio de un divorcio o una separación de los padres, lo inaudito es que se quiera realizar violentando el estado de derecho que a final de cuentas se puede reivindicar mediante la interposición de amparos que penosamente invalidarían una reforma noble en beneficio de las niñas, niños y adolescentes quienes finalmente son los directamente afectados por estos sucesos entre las parejas mexicanas”, concluyó.
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