Hugo Monroy, hijo del comensal que fue asesinado a golpes dentro del restaurante La Polar de la colonia San Rafael el pasado 8 de enero, exige que no haya impunidad en el caso, y afirmó que seguirá luchando por hacer justicia.
A través de un video difundido en Twitter, el joven se inconformó con la decisión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quien retiró los sellos de clausura a dicho lugar.
"Es un torbellino de emociones, esta semana se sumó la sorpresa la indignación y el enojo, porque las autoridades de la Fiscalía y del Ministerio Público decidieron que era buena idea retirar la custodia del lugar, había policías resguardando el inmueble, para devolverlo a sus dueños".
Hugo, hijo de Antonio Monroy, afirmó que no se va a quedar callado y no bajará los brazos. "Sobre todo no vamos a permitir este tipo de acciones de corrupción, de opacidad y de un mal trabajo de las autoridades".
¿Qué pasó en La Polar?
Meseros, personal de seguridad y otros empleados de la cantina La Polar sometieron, encerraron en un cuarto del estacionamiento y golpearon hasta la muerte al Antonio “M”, de 59 años de edad, quien se encontraba acompañado de su amiga Adriana, la cual fue testigo del asesinato.
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Adriana declaró a la policía que todo fue porque los meseros le exigieron que Antonio le pagara la cuenta y empezaron a decirse palabras altisonantes con los meseros, “porque así se llevaban”, debido a que se conocían desde hace varios años porque trabajaron en diferentes lugares en la vida nocturna.
Juez vincula a proceso a “El Chiquilín”
Sergio “N”, alias “El Serch” o “El Chiquilín”, exjefe de seguridad del restaurante La Polar, fue vinculado a proceso por un Juez de Control, debido a que el impartidor de justicia encontró elementos suficientes que lo señalan como presunto responsable del homicidio doloso del cliente, Antonio Monroy; hechos de violencia ocurridos la noche del pasado 8 de enero.
Ello, luego de que, en continuación de audiencia, el abogado defensor de “El Chiquilín” solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la autoridad ordenó este viernes tres meses para la investigación complementaria del caso.
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