La Fiscalía General de Justicia de la CDMX solicitó a la Interpol México de la Fiscalía General de la República, la emisión de Fichas Rojas para evitar una posible fuga del país de funcionarios y exfuncionarios de la FGJCDMX relacionados con el espionaje telefónico que realizaron durante la administración de Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno.
Ello, luego de la detención e imputación contra, el ex jefe de la Unidad de Investigación Cibernética José Roberto “N”, por su probable participación en los delitos de ejercicio abusivo de funciones, antes conocido como peculado, así como violación a la comunicación privada, al realizar actividades de espionaje en la administración de Miguel Ángel Mancera.
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José Roberto "N", quien tuvo funciones de mando en la Policía Cibernética de la entonces Procuraduría capitalina y posiblemente operaba el vehículo utilizado para dichos delitos, fue aprehendido por detectives de la Policía de Investigación, en la colonia Doctores, y fue trasladado para su certificación médica para posteriormente ser llevado al Reclusorio Varonil Norte.
Tras quedar a disposición del juez de la causa, el Ministerio Público solicitó audiencia inicial para buscar su vinculación a proceso, por lo que al imputado le fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva, hasta en tanto se lleve a cabo la continuación de la audiencia celebrada, luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.
De las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, se estableció que José Roberto “N” y otras personas, también servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Gobierno, posiblemente realizaron violaciones de comunicaciones privadas entre los años 2013 y 2018, cuyo centro de operación era un domicilio ubicado en la calle Manuel Marqués Sterling, en la colonia Centro.
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INTERVENÍAN TELÉFONOS DE POLÍTICOS
Derivado de denuncias periodísticas, el 05 de diciembre de 2018, se inició una investigación por la posible existencia de una casa de espionaje en la Ciudad de México, operada por servidores públicos.
Dichas personas, posiblemente se daban a la tarea de ilegalmente intervenir comunicaciones privadas de personas del ámbito político, así como de sus familiares más cercanos; elaborar fichas de identidad; diseñar rutas y mapas de seguimiento; además de ejecutar planes con fines político-electorales.
Entre las personas y sus familias que fueron espiadas, es decir, vigiladas de manera ilegal, se encuentran servidoras y servidores de todos los niveles de gobierno, que hoy ocupan cargos en la Presidencia de la República, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Gobierno de la Ciudad de México y en esta propia Fiscalía, cuyos nombres reservamos en apego a la Ley y en respeto a la dignidad de las personas.
El seguimiento a dichos servidores públicos, fue con el apoyo de una camioneta, tipo van, asignada a la Procuraduría General de Justicia, la cual fue utilizada para captar de manera precisa llamadas telefónicas y mensajes de texto.
Quienes posiblemente dirigían y operaban esta célula, a sabiendas que, de darse a conocer sus operaciones, se comprometería a todas las personas servidoras públicas involucradas, tanto medios como altos mandos del Gobierno del Distrito Federal, en un intento por deshacerse de las evidencias de su delito, desmantelaron el equipo en julio de 2018.
DESTRUYERON EL EQUIPO DE ESPIONAJE
De acuerdo con las investigaciones de esta Fiscalía, quienes componían la célula de espionaje destruyeron casi todo el equipo informático para tratar de eliminar cualquier rastro que revelara la existencia de sus operaciones.
Sin embargo, a pesar de la parcial destrucción de la información, el 12 de julio de 2021 fue entregada a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos un equipo de cómputo portátil con datos que no lograron ser destruidos.
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Del contenido de dicho dispositivo, la Fiscalía logró extraer diversa información consistente en fotografías, videos, correos electrónicos, audios, y todo tipo de archivos posiblemente relacionados con estos hechos.
También se recabaron cerca de 41 unidades de almacenamiento o “discos duros”, con registros de llamadas telefónicas, fichas de identidad, así como búsquedas en bases de datos y redes sociales de personajes políticos.
Tras una amplia investigación, en consideración de la invasión a la intimidad de las personas y en vista de la posible comisión del delito de intervención de comunicaciones privadas, la Fiscalía continuará, la investigación en contra de quienes hayan participado en dichas actividades ilícitas.
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