La Fiscalía de Delitos ambientales procedió al aseguramiento provisional del restaurante Arroyo ubicado en Tlalpan. Ello, después de cinco meses de aplazamiento judicial.
Al respecto, Leticia Arroyo Amezcua y Marcela Rojo, actual pareja del socio mayoritario del restaurante, demandaron a José Víctor Arroyo ante el juzgado 47 de lo civil de la CDMX, tras de su negativa de convocar, en su carácter de administrador único, a una asamblea de socios en la que aprobarían su renuncia, designarían nuevos administradores y concretarían un cambio accionario pendiente desde hace ocho años.
Desde entonces está en curso el juicio mercantil 533/2020 interpuesto por los representantes de Controladora Santa Úrsula contra Pepe Arroyo Loyo, presunto responsable del delito de despojo.
De acuerdo al expediente, el litigio que enfrenta a Chucho arroyo con tres de sus hijos han sido mediáticos y por lo mismo muy polarizantes.
En la carpeta de investigación, Rojo Posada se ostenta como apoderado legal de José Jesús Ricardo Arroyo Aguirre y del restaurante Arroyo figura como querellante.
Antes del aseguramiento del inmueble, los representantes legales de Arroyo Loyo se quejaron de las “llamadas amenazantes” de la representante legal de su padre y de su hermana menor, para informarle de una denuncia en su contra.
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Sus escritos fueron remitidos al fiscal de Investigación en delitos ambientales y en materia de protección urbana, José Feliciano Espinoza Nolasco, y a la titular de la Unidad 3, de la agencia investigadora, Laura Frías Martínez; no obstante, el mediodía del viernes 11 se ejecutó el operativo policiaco en el concurrido restaurante, por instrucciones del Ministerio Publico.
En el acceso principal quedo una lona de la FIDAMPU como aviso al público del cumplimiento a las ordenanzas en la carpeta de investigación A/UI-ICD/468/12-2020.
Tres días antes, el fiscal Espinoza Nolasco resolvió ordenar el aseguramiento provisional del local. Oficiales de la policía ministerial adscritos a la Fiscalía cumplieron con el enfajillamiento de los accesos al restaurante, el cortijo y las caballerizas.
Los abogados del empresario han reclamado el no ejercicio de la acción penal, ante la Fiscalía Especializada. Y es que en el juicio, Marcela Rojo lo reconoció como administrador único del restaurante.
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