Cuando se pensaba que la tortura y la fabricación de culpables era cosa del pasado, surge un caso en el que tres personas lo sufren en el Estado de México. Fueron privadas de su libertad, engañadas y enviadas a prisión por un cuádruple homicidio, que, asegura la familia no cometieron. En los tres casos los abusos fueron desde psicológicos, golpes hasta ataque sexual.
Así fue narrado por familiares de los tres detenidos, quienes afirman que en todos los casos se trata de trabajadores, y pese a vivir en la misma zona no se conocían antes de la detención.
Relataron las familias que el pasado 27 de mayo la joven Areli “N” salió de su trabajo en el Centro Comercial “Cúspide”, cuando fue detenida, sin que le dieran a conocer el delito que se le imputaba.
Afirma la familia que hombres armados, que nunca se identificaron, la subieron a una camioneta Ram roja, donde le hablaron con palabras altisonantes: " vas a tener que hablar”, y se la llevaron a algún lugar.
Contrario al debido proceso, ella no fue presentada inmediatamente ante un Ministerio Público, no le leyeron sus derechos, además de no permitirle llamar a su familia, por ello es que ante la desaparición su familia pidió ayuda a las autoridades y se activó la Alerta Amber.
Esa misma noche, el chofer de un transporte de trabajadores fue detenido en la esquina de su casa; su papá había realizado un negocio y él tomaba una cerveza con amigos cuando vieron llegar las camionetas tipo Ram de doble cabina, sin balizamiento y con personas armadas que arribaron casi de manera sorpresiva.
En este lugar de la Colonia Santa Cruz Acatlán, del municipio de Naucalpan, lo apresaron únicamente preguntando su nombre. Como es natural él cuestionó el porqué lo querían saber, pero por toda respuesta le volvieron a interrogar y al decir Éder “N”, en respuesta uno de ellos le mencionó “ya chingaste a tu madre, el gobierno nos pide gente y estuviste en el lugar menos indicado”.
Enseguida lo subieron al vehículo Ram doble cabina gris.Para entonces, nadie sabía que también había sido detenido un joven más, Francisco “N”, de oficio taxista, que de igual escuchó la misma amenaza.
Hasta ahora se conoce que las tres personas fueron llevadas esa noche a instalaciones del penal de Barrientos, donde recibieron golpes con los codos en la cabeza, en el estómago, les colocaron bolsas de plástico en la cabeza y les clavaron agujas en el pecho, en las axilas, además de propinarles otros flagelos. Así lo aseguran familiares.
Las preguntas siempre fueron las mismas: que dijeran lo que habían hecho y que señalaran quien era su jefe. Lo que estas familias y denunciantes califican como tortura ocurrió principalmente en las noches, pese a que escucharon a alguna mujer decir a los hombres que hicieron el levantón, “aquí no puedes tener personas, se van a meter en problemas”.
En dado momento y por los golpes recibidos Éder ofreció cinco mil pesos para que lo dejaran en paz, pero afirma que le dijeron que podría salir libre si se juntaban 300 mil pesos por cada uno, pese a que hasta ese momento no tenían contacto con sus familias, que los tenían como personas desaparecidas.
El 30 de mayo fueron presentados ante el Ministerio Público, en las oficinas conocidas como “Manzana de Roma”, en Tlanepantla, Estado de México, aparentemente por el delito de cohecho y robo agravado.
Ese mismo día los familiares de los dos hombres y la chica pudieron localizarlos, sólo para enterarse que esa misma fecha un juez había otorgado una orden de aprehensión para los tres, por el delito de homicidio y tentativa de homicidio; así se desprende de la solicitud de orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, R. C. G en la carpeta de investigación NUC: LER/FHT/054/099897/19/03 NIC:FHT/00/MPI/401/00156/19/03
El hecho que les imputaban había ocurrido el 30 de marzo en La Presa El Tejocote, Estado de México, cuando un comando armado de gente encapuchada disparó contra los ocupantes de una chelería, con saldo de cuatro muertos y varios heridos.
Los testigos de la balacera habrían declarado que fueron hombres armados y encapuchados quienes dispararon, sin embargo, en la carpeta de investigación contra estos tres detenidos existe la descripción de tatuajes en la joven mujer y uno de los detenidos, mismos que no podrían ser detectados por la zona donde se encuentran en las personas.
El sábado 1o. de junio fueron presentados para la primera audiencia, ante la juez Ana María Susana Rosas Espinoza, hasta ese día se enteraron de los delitos por los que estaban privados de su libertad y no se les otorgó su libertad porque el delito es considerado grave.Para la segunda audiencia, ocurrida el 3 de junio, los supuestos testigos no los identifican, al afirmar que los atacantes de la chelería iban encapuchados, que eran robustos y no identificaron que estuviera alguna mujer.
La siguiente audiencia fue el 5 de junio, fecha en que la juez los vinculó a proceso a pesar de la endeble carpeta de investigación, los débiles señalamientos y que no se presentaron otros testigos por estar hospitalizados.
Con todo eso los vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado.Ante esta acción las familias pidieron a su abogado apelar la vinculación a proceso, en tanto que el chofer, la trabajadora y el taxista siguen tras las rejas.
Cabe señalar que Éder, el chofer del transporte de trabajadores está hospitalizado por los golpes recibidos, con esto la familia ha pasado de buscar su libertad y demostrar su inocencia a luchar por salvar su vida, toda vez que se encuentra hospitalizado, por lo que piden sea trasladado a otro lugar donde reciba las atenciones necesarias.
En tanto, hay una denuncia de violación, por lo que hace al ataque sexual que sufrió la joven mientras estaba privada de su libertad. Ante esto su familia vive doble dolor, la lucha por demostrar su inocencia y la búsqueda de justicia por lo vivido entre el 28 y 30 de mayo, así como el proceso que se le sigue sin tener culpa alguna, pues aseguran se dedica solo a su trabajo.
Estas presuntas irregularidades y delitos cometidos contra estos tres ciudadanos mexiquense ya fueron conocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el folio 2019/68419.Ante esto las familias exigen la revisión de este caso, la intervención del gobernador Alfredo del Mazo, todo el peso de la ley contra los ministeriales y que se aclare todo, porque esto ya está destruyendo a tres familias, afirman.