Juez dictó sentencia de 15 años por trata de personas

Lo hizo a sujeto que había sido detenido y enfrentaba un proceso por obligar a su concubina a tener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero

Álvaro Velázquez | LA PRENSA

  · jueves 3 de diciembre de 2020

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, Méx., 3 de diciembre.- Un sujeto que había sido detenido y enfrentaba un proceso por el delito de trata de personas, ya que obligaba a su concubina a tener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero, fue sentenciado esta mañana por un Juez de Control a 15 años de cárcel.

La FGJEM informó que debido a que el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas acreditó la participación de Luis Ángel Arias Rodríguez en el delito de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, un Juez con sede en Nezahualcóyotl le impuso dicha sentencia condenatoria.

La dependencia, dijo que en junio del 2017, el ahora sentenciado, quien era concubino de la víctima, la llevó a trabajar a un bar denominado “La Yegua”, ubicado en la Avenida Chimalhuacán, de la colonia Agua Azul, en Nezahualcóyotl, donde la obligaba a ofrecer servicios sexuales a los clientes y comensales de dicho lugar.

La Fiscalía mexiquense, señaló que en el mes de agosto del mismo año, la víctima fue rescatada por elementos de la Policía de Investigación adscritos a esta Fiscalía Especializada con sede en Texcoco.

La víctima presentó factores que la colocaban en una situación de vulnerabilidad asociados a víctimas de trata de personas, como son redes de apoyo precarias y leve retraso mental.

Con la investigación iniciada por esta representación social, se solicitó a un Juez una orden de aprehensión contra este sujeto, misma que fue otorgada y cumplimentada en diciembre de 2018, por lo que fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde la Autoridad Judicial, previo proceso legal, le dictó esta condena.

Además de la pena privativa de libertad, este sujeto deberá pagar una multa de 75 mil 490 pesos, y 83 mil 200 pesos como reparación del daño material y moral, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.