La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos ofreció una disculpa pública a Paola Buenrostro, víctima de transfeminicidio, y a Kenya Cuevas Fuentes, derivado de las afectaciones ocasionadas por la violación a sus derechos humanos, así como la no aplicación de la perspectiva de género y de enfoque diferenciado en la investigación, con lo que dio cumplimiento a la recomendación 2/2019 emitida por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Hizo énfasis en que la FGJCDMX reconoce públicamente los actos de agravio cometidos, y que Paola Buenrostro fue víctima de un crimen de odio, revictimizada por una actuación negligente, discriminatoria y carente de empatía del personal que era responsable de procurar justicia.
Afirmó que quedó acreditado, que durante la investigación hubo diversas omisiones que evidenciaron la falta de diligencia y se presentaron deficiencias que trascendieron en la determinación de no vincular al imputado; no obstante, la víctima directa, Kenya Citaly y su equipo jurídico, pidieron que se investigara como crimen de odio el trasfeminicidio, y que el agente del Ministerio Público se negó a ello.
Añadió que la investigación penal de la entonces Procuraduría General de Justicia no reconoció el nombre de Paola Buenrostro; pese a que, desde un inicio, Kenya Cytlaly y las demás testigos refirieron al personal ministerial que la occisa se llamaba así, violentando su derecho a ser reconocida en su orientación e identidad de género como mujer transexual.
Tras hacer un reconocimiento a Cuevas Fuentes como promotora defensora de los derechos humanos de personas transexuales, Godoy Ramos informó que la recomendación dispuso la necesidad de que la FGJCDMX realizara diversas acciones tendientes a garantizar la no repetición y medidas de satisfacción, compensación y rehabilitación, tales como la inscripción de la afectada en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México.
La fiscal general afirmó, asimismo, que la institución a su cargo emitió el acuerdo A/018/2019 por el que se creó la Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación de Delitos Sexuales, así como otros vinculados a la Violencia de Género para garantizar que no se repitan las violaciones a derechos humanos por las que Paola y Kenya fueron víctimas.
Agregó que de enero de 2019 a la fecha se han implementado tres mil 498 acciones de formación y capacitación en las que ha participado personal ministerial, pericial y policías de investigación.
Acompañada por Cuevas Fuentes, la fiscal Ernestina Godoy develó una placa para honrar a Paola Buenrostro, de quien dijo es importante reivindicar su memoria porque los crímenes de odio debe ser perseguidos y los culpables castigados.
Con especial énfasis, resaltó el trabajo conjunto respecto a la revisión y rediseño del “Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas de la Comunidad LGBTTTIQA+”, del cual existe un proyecto final que actualmente se encuentra en revisión y en el que sobresale la colaboración de Kenya, las organizaciones, EQUIS: Justicia, Letra S, Casa de las Muñecas Tiresias, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México.
Como funcionarias y funcionarios, dijo, debemos hacer la diferencia protegiendo las garantías y derechos de las personas y colectivos LGBTTTIQA+; asumir nuestra función es entender que de nuestro actuar depende la vida de otras personas, agregó.
Mencionó que también debe ser un compromiso de cada persona servidora pública, asumir el respeto y reconocimiento pleno de los derechos a las personas Transgénero, lo que contribuye a la consolidación de una sociedad democrática, plural, igualitaria formal y materialmente.
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