Su ex pareja le decía que cada día se veía más fea, que era pésima contadora, varias veces trató de ahogarla, tiempo después le rompió un brazo con un bate de béisbol. A tres años de haberse separado y de recibir apoyo psicológico, a Maribel de 49 años de edad, le avergüenza reconocerse como una víctima de violencia, en un momento de la conversación guarda silencio, baja la mirada, frota sus manos sobre las piernas, contiene el llanto y, después, pide perdón.

Con un hablar pausado y en tono bajo, Maribel se recrimina el haber soportado nueve años de abusos, de vivir con miedo, de dejarse destruir por Rafael. “No podía verme en el espejo, sabía que la mujer reflejada no era yo. Un día me vi, me miré a los ojos, lo que vi me devastó, estaba muy delgada, vieja, me veía fea y obviamente infeliz”.

La violencia física de Rafael sobre Maribel casi le quita la vida. En 2016 la golpeó seis veces con un bate provocándole un esguince de segundo grado y una fractura en el brazo izquierdo. Tiempo después de la agresión Maribel quiso denunciarlo pero al no presentar lesiones visibles el Ministerio Público le dijo que sólo trataba de perjudicar a la persona que acusaba.

Lo quiso denunciar por intento de homicidio pero lo tipificaron por violencia familiar. La mandaron al CAVI (Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar) de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Estuvo año y medio en tratamiento psicológico y rehabilitación, le dieron apoyo económico para que volviera a trabajar, pero a Rafael no le pasó nada, siguió libre.

Maribel es una de las mujeres que ha solicitado Medidas de Protección, previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal (LAMVLV), que para su debida ejecución y vigilancia requiere del apoyo de la Secretaria de Seguridad Pública, que según la Ley debe conformar un cuerpo policíaco especializado en la atención y protección de las víctimas de violencia.

A ella se le otorgó el Código Águila (un esquema que plantea la vigilancia a la víctima de 24 horas para evitar que el agresor repita la agresión). Al principio los policías la visitaron diario, después de vez en cuando y luego dejaron de ir.

Como víctima, Maribel podía llamar por teléfono a las autoridades en cuanto veía a su agresor. Comparte que en una ocasión que reportó que Rafael estaba afuera de su domicilio sólo le dijeron que anotara las placas del coche y que ellos lo buscarían después.

La experiencia de Maribel con el sistema de justicia no ha sido buena, su carpeta de investigación la han hecho perdediza, le han dicho que la sangre que presenta el bate con el que fue golpeada tenía la sangre de un animal. En 2019 Maribel sólo da gracias a Dios de que Rafael no haya vuelto a buscarla, porque de habérselo propuesto, asegura, la hubiera vuelto a lastimar.

Mujeres buscan protección

Ángeles Tableros Zepeda, trabajadora social del Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, expone que las mujeres que sufren o han sufrido de violencia familiar del tipo físico, económico, sexual, emocional y patrimonial, deciden denunciar porque quieren que sus agresores paguen de alguna manera sus acciones, de ser posible con cárcel.

Señala que muchas mujeres acuden con el propósito de tramitar medidas de protección sin saber que éstas sólo duran 72 horas por lo que para extenderlas es necesario que denuncien para que el Ministerio Público abra la carpeta de investigación.

Con las medidas de protección se busca que en un determinado tiempo el agresor no se acerque a la víctima, pero en la mayoría de los casos eso no ocurre, el agresor se acerca, la víctima avisa a las autoridades que el señor está denunciado y que está violando la medida, si él es detenido se tienen 48 horas para consignarlo a reclusorio pero es raro que ingrese, la víctima generalmente le otorga el perdón.

Ángeles Tableros Zepeda, trabajadora social del CAVI) de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México

Tableros Zepeda apunta que en muchos de los casos, luego de otorgarle el perdón, las mujeres regresan arrepentidas de su decisión, ya que sus parejas y ex parejas insisten en agredirlas.

“Ellas no saben que tienen año y medio para revocar ese perdón, y creen que deben de volver a denunciar. El Ministerio Público está obligado a rescatar ese expediente y continuarlo, y los abogados victímales a solicitar el rastreo de la carpeta”.

Las medidas de protección son herramientas del Sistema acusatorio penal oral aplicadas cuando se estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Las acciones van desde prohibir que el agresor se acerque a la víctima hasta otorgar protección policial a las mujeres.

Las deficiencias en la aplicación de las Medidas de Protección

Del 5 de diciembre de 2018 al 3 de junio de 2019 se tramitaron en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México mil 330 medidas de protección, de las que fueron concedidas mil 229.

Las medidas de protección son instrumentos obligados por parte del Estado contenidos en el Capítulo VI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Tienen como objetivo el salvaguardar la integridad y vida de las mujeres, y van desde prohibir que el agresor se acerque a la víctima hasta otorgar protección policial.

Para proteger los derechos de las mujeres a la vida, integridad física y psicológica, se requiere que las autoridades encargadas de recibir las denuncias tengan la capacidad de entender la gravedad del fenómeno de la violencia perpetrada contra ellas y de actuar de inmediato, explica Mayra Pineda, consultora en temas de violencia de género.

En la Ciudad de México las medidas de protección son solicitadas y emitidas por juzgados a la Procuraduría General de Justicia a través del Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar (CAVI); sin embargo, dice la también abogada, lo que debería ser una acción rápida para salvaguardar la vida de las mujeres es una medida que muchas veces arriesga su seguridad.

Explica que cuando las mujeres solicitan medidas de protección, muchas de las veces las autoridades desestiman sus testimonios y no toman en cuenta su contexto o si éstas fueron denunciadas previamente, revictimizándolas en la mayoría de casos.

Los MP les dicen a las mujeres que por qué le reclaman a su pareja si lo ven que está borracho, por qué lo provocan, que algo seguramente le debió haber dicho para que reaccionara de manera violenta, esto muestra que muchas de los funcionarios desconocen el protocolo y no saben cómo actuar

Las mujeres se enfrentan a procesos largos donde constantemente son violentadas y responsabilizadas de la violencia. Se les acusa de no salirse de sus casas, de no querer separarse de sus parejas, o que simplemente están exagerando.

Pineda puntualizó en que muchas mujeres desconocen que tienen derecho a exigir protección, y que una vez que lo saben desconocen a qué instancias acudir.

Muchas de las medidas de protección otorgadas en la Ciudad de México fueron de naturaleza emergente, y consistieron en solicitar la salida del agresor del domicilio, prohibición de acercarse o ingresar al domicilio, lugar del trabajo o estudios de la víctima y la prohibición de molestar en el entorno social a la víctima.

No se tienen cifras respecto a si hay un seguimiento a las medidas de protección otorgadas o si existieron otras acciones que permitieran garantizar a las mujeres su seguridad, ni tampoco si fueron desatacadas.

Aumenta la violencia familiar en la Ciudad de México

El portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, exhibe que la violencia familiar es el delito con mayor incidencia de aquellos que se comenten en agravio de las mujeres. De enero a mayo de 2019 se abrieron 9 mil 388 carpetas de investigación.

De enero de 2016 a mayo de 2019 se interpusieron en total 65 mil 999 denuncias. En 2018 se abrieron 19 mil 974 carpetas de investigación, la cifra más alta de los últimos tres años. En 2017 y 2016 se iniciaron 18 mil 541 y 18 mil 96, respectivamente, por lo que, de continuar con esta tendencia, 2019 podría cerrar con más de 22 mil carpetas de investigación por violencia familiar, lo que representaría un incremento de 25 por ciento en comparación con hace dos años.

Entre las denuncias por violencia familiar presentadas en el primer cuatrimestre de 2019 en la Ciudad de México están las de Beatriz, madre de un bebé de cinco meses, y el de Luz, cuyos golpes recibidos por su ex pareja la llevaron al hospital.

No hay quien me proteja

¿Me siento tranquila con las Medidas de Protección?, se pregunta en voz alta Beatriz. No, responde. Dice que solicitó las Medidas de Protección porque las ofrece la ley y con ellas se le dice al agresor que si se acerca podría ir a la cárcel, aunque ella está segura de que su ahora ex pareja puede volver a agredirla y que de hacerlo no habrá quien la defienda.

Ella tiene miedo, no vive en paz. Fue insultada, golpeada, jaloneada y casi estrangulada en el baño. Prácticamente huyó del domicilio donde radicó por poco más de un año, duerme poco, no se siente protegida. “Estaría tranquila si supiera que Esteban está encarcelado o en algún otro sitio, muy lejos de mí”.

La mujer naturalizada mexicana confiesa que de Esteban ya había recibido gritos y desaires, pero no golpes. Recuerda constantemente el momento en el que la tomó por los cabellos, le rompió la blusa, y la llamó hija de la chingada.

La agresión sucedió cuando Beatriz y Esteban colocaban en la habitación del bebé una barra de juegos que fue montado y desmontado varias veces a petición de ella, lo que puso de mal humor al hombre que exasperado la insultó, golpeó y le dijo que si quería irse lo hiciera, pero que el bebé se quedaría con él.

Al ser evaluada por un médico éste determinó que Beatriz presentaba excoriación en el cuello y la columna vertebral, un fuerte dolor en el brazo derecho, excoriación en brazo izquierdo y golpes en la región del glúteo.

Beatriz fue al MP pero tuvo que regresar días después porque no hubo quien la atendiera. Contó dos veces los hechos porque la primera carpeta de investigación de su caso no la encontraron.

Estuvo presente de manera remota a las audiencias de medidas de protección, por el miedo a ser agredida nuevamente por el padre de su hijo, en ella se impusieron las Medidas de Protección. No se le asignó el Código Águila (patrullajes y rondines al domicilio) porque el juez se consideró no estaba en riesgo suficiente.

Esteban tiene prohibido acercarse o comunicarse con la víctima, la limitación de acercarse al lugar donde se encuentre y a entregarle de manera inmediata objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima.

Además de las Medidas de Protección, Beatriz tramitó la guardia y custodia de su bebé.

De acuerdo a la cuarta Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH-2016) del INEGI, el 43.9% de las mujeres mayores de 15 años que tienen o tuvieron una pareja, han sido agredidas en algún momento de su vida marital, de convivencia o noviazgo.

De las mujeres que fueron víctimas de agresiones físicas y/o sexuales por parte de su actual o última pareja, el 20% solicitó apoyo, denunció o emprendió ambas acciones, y el 35.8% presentó daños físicos, principalmente moretones, hemorragias e incluso estuvieron hospitalizadas o fueron sometidas a operaciones quirúrgicas.

La misma encuesta arrojó que el 78.6% de las mujeres que vivieron alguna forma de violencia por parte de sus parejas no solicitó apoyo ni presentó una denuncia, porque lo consideraron algo sin importancia.

Le di otra oportunidad y me mandó al hospital

En junio de 2015 la Sra. Elizabeth recibió una llamada, su hija Luz había ingresado al hospital por golpes y lesiones. Tenía dos años de no verla, su pareja sentimental, Marcelo, no le daba permiso de visitar a sus familiares ni de salir con amigos.

Luz pasó del cielo al infierno, en 2012 conoció a un hombre cariñoso y detallista que al año de novios le propuso vivir juntos, ella aceptó y se mudó a casa de su suegra, quien la maltrataba verbalmente. Con el tiempo la relación se deterioró, Marcelo era celoso y controlador, después empezó a golpearla.

Tratando de poner fin a las agresiones, Luz volvió al domicilio materno pero a las tres semanas Marcelo la convenció de regresar, le lloró, le pidió perdón, le juró amor eterno y prometió no volverle a pegar, lo que no cumplió.

La señora Elizabeth le reclamó a Luz que lo hubiera perdonado, le dijo que estaba en sus manos el salirse de la violencia en la que se encontraba. Ahora sabe que Luz vivía una relación de sometimiento, bajo la amenaza de que Marcelo lastimara a sus padres o hermanos si lo dejaba.

El ingreso al hospital fue el límite para la mujer con ahora 32 años, los golpes que le propinó Marcelo le dejaron como secuelas la visión borrosa y hematomas. La recuperación fue en casa de su madre donde sanó físicamente y tomó terapia psicológica, meses después regresaría a la vida laboral.

Año y medio después Marcelo se presentó ante Luz con la propuesta de “volverlo a intentar”, la negativa le molestó. La jaloneó, tumbó al suelo y golpeó. Contrario al pasado, Luz lo denunció pensando en su seguridad. “No quiero ser parte de las cifras de feminicidios”.

En audiencia efectuada en los juzgados de Dr. Lavista, le fueron impuestas a Marcelo seis meses de Medidas cautelares, tiempo en el que no podrá acercarse a Luz. De no cumplirlas será acreedor a una multa.

Dijeron en la audiencia que podría haber una solución alterna, la verdad no entendí mucho, lo que sí entendí es que Marcelo estará libre, me dan nervios y miedo de que vuelva a buscarme.

Anel Pineda Marín, en entrevista para el Canal Judicial, explica que las Medidas Cautelares son herramientas del Sistema acusatorio que buscan proteger a las víctimas y testigos mientras una persona es investigada en la responsabilidad de un delito. Tiene presente que la mayoría de las victimas ven como una injusticia que su agresor esté en libertad durante el proceso judicial.

Señala que mientras se llega a juicio la persona imputada debe ser tratada como inocente y ser privilegiada su libertad. El tema es que estas personas investigadas no signifiquen un riesgo para las víctimas, testigos y comunidad en la que se desenvuelven.

“Es difícil explicarles a las víctimas directas e indirectas que se está investigando a una persona para ver su responsabilidad, situación de la que una persona víctima no tiene duda, pero el Estado no lo sabe, el juez no estuvo, tampoco el MP, por ello se requiere un procedimiento objetivo que dé certeza de que la persona acusada es específicamente la responsable, las víctimas saben quién fue, pero deben presentarse todos los elementos para estar seguros.

Estamos en una cultura inquisitiva en el que por el hecho de ser detenido eres responsable determinado por un juez sin poder defenderte, con las Medidas Cautelares se sensibiliza que todos les conviene ser tratados con derechos humanos

HM

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