Una “limpia” de ministerios públicos, peritos y policías se da al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) al detectarse conductas como abandono de comisión, desacato de instrucciones, indebida integración de averiguaciones previas, retrasar la labor del ministerio público, y solicitar o recibir pagos o gratificaciones.
La dependencia a cargo del fiscal general, Alejandro Gertz Manero informó que de 2010 a la fecha un total de mil 486 ministerios públicos, peritos y policías han sido separados de su cargo sin que ninguno haya sido reinstalado en su puesto. 72 de la cuales fueron separados de su cargo a partir del arribo del fiscal general a la dependencia en 2018.
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La información dada a conocer por la FGR a través de una solicitud de información, señala que el actuar de los servidores públicos encargados de iniciar carpetas de investigación, dar seguimiento a casos, validar pruebas periciales y detener personas, incluye todas las delegaciones metropolitanas que hay en cada estado.
Aguascalientes, Baja California, Campeche, CDMX, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango y Estado de México son las entidades que encabezan la lista de despidos por malas conductas.
También se han detectado estas prácticas en Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
El documento de la FGR señala que el grueso de personal que cayó en conductas inadecuadas entre 2010 y 2021, recae en policías ministeriales con mil 64 despedidos, seguidos por 332 ministerios públicos y 90 peritos.
“Los policías separados de su cargo tenían entre 27 y 63 años, los ministerios públicos la edad fluctúa entre 31 a 70 años y los peritos entre 28 y 74 años de edad” señala el documento de la FGR.
DENUNCIAR ES UNA PERDIDA DE TIEMPO
La respuesta a la solicitud de información concuerda con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, donde se menciona que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son por circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33.9% y la desconfianza en la autoridad con 14.2 por ciento.
El año pasado la ENVIPE estimó que, solo se denunció el 10.1% del total de los delitos, para los cuales el Ministerio Público inició una Carpeta de Investigación en 66.9% de los casos, cifras estadísticamente menores a las registradas en 2019.
En 2020 solo se inició carpeta de investigación en 6.7% del total de los delitos, lo cual indica una reducción estadísticamente significativa en comparación con 2019, donde dicha estimación fue del 7.6 por ciento.
Es decir, un 93.3% de delitos donde no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación, cifra estadísticamente superior a la estimación de 92.4% en 2019.
Entre las razones atribuibles a la autoridad para no denunciar delitos ante las autoridades por parte de las víctimas destaca la pérdida de tiempo con 33.9% y la desconfianza en la autoridad con 14.2 por ciento.
NUEVO MARCO JURIDICO PARA LA FGR Y DEJAR ATRÁS FALLAS
El pasado 20 de mayo se publicó la nueva Ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), creada en 2018, a fin de establecer la facultad de la Fiscalía para atraer casos del fuero común, en los supuestos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes aplicables.
En la nueva ley se precisa que la víctima podrá solicitar a la FGR atracción, cuando se trate de asuntos de trascendencia social. Esta atribución deberá ejercerse obligatoriamente cuando exista una declaración de violaciones graves a los derechos humanos.
Asimismo se garantiza, en toda investigación y proceso penal, los derechos de las víctimas establecidos en la Constitución, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional y en las leyes aplicables.
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La propuesta para adecuar de nuevo el marco jurídico del organismo, fue hecha por el propio fiscal general, Alejandro Gertz Manero, al señalar que la actual ley orgánica carece de congruencia entre el dispositivo legal y la realidad fáctica, que han derivado en "fallas" en el funcionamiento de la FGR.
En el dictamen aprobado por ambas cámaras se ponderó la ausencia de una estructura orgánica funcional que permita a la Fiscalía General de la República ejercer la autonomía con la cual fue dotada, así como la falta de un régimen de responsabilidades de los servidores públicos que incite al trabajo honesto.
También se puntualizó la carencia de un mecanismo dinámico entre los programas de trabajo y las actividades de las unidades administrativas, y la inexistencia de mecanismos de evaluación de resultados eficientes.
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