En medio de lágrimas y abrazos, la tarde de este jueves fue puesta en libertad María Isabel San Agustín, una mujer de origen indígena que llevaba 10 años detenida y que pagaba su condena en el penal de Santa Martha Acatitla. Al salir la mujer entre sollozos dijo: “me siento feliz, se me hizo justicia”.
San Agustín estuvo acompañada en todo momento por la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, Íngrid Gómez Saracíbar.
Sobre el tema, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que se comunicó con la familia de la señora María Isabel San Agustín para informarle sobre su liberación después de sufrir tortura y pasar once años injustamente presa.
A través de su cuenta oficial de Twitter, la mandataria comentó: “estamos trabajando en otros casos similares en la Ciudad de México”.
Apenas el lunes pasado, la mandataria dijo que “hubo alrededor, ya, de 60 víctimas que, en el transcurso... un poco antes, ¿se acuerdan de la modificación del Código Penal de lo que se llamó, en la Ciudad de México, en el 2018, la “Ley de Amnistía”?, ¿no?, en donde salieron liberados, exactamente, personas de la Recomendación del 2014, esta macro recomendación que tenía que ver con tortura; y en donde, de hecho, estaba incorporada la señora San Agustín, que fue la reportada como una persona que tenía ahí bastantes años -en el nivel federal- sin recibir sentencia”.
Desde el 2013, la mujer indígena, María Isabel San Agustín tenía una sentencia de 65 años de prisión por el delito de secuestro.
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En su oportunidad, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, afirmó que un absurdo burocrático ha frenado su liberación tras confirmarse que fue víctima de tortura.
En este caso, la Secretaría de Gobernación pidió la reposición del proceso para aplicar el Protocolo de Estambul, explicó el subsecretario en la conferencia presidencial.
Y aunque la tortura fue acreditada, “la perito que desarrolló el Protocolo de Estambul no se ha presentado ante la autoridad para ratificar los resultados del mismo”, dijo en su oportunidad Encinas Rodríguez.
“Hay mucha ineficiencia en lo que es la impartición de justicia. No solamente burocracia en la dilación de las resoluciones, muchos intereses cruzados, sino que no se apega la autoridad a los propios protocolos que la ley establece para acreditar delitos como la tortura. Y peor aún, en los casos en que se acredita, en ningún caso se castiga a los responsables”, afirmó Alejandro Encinas.
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