Las recientes denuncias ciudadanas relacionadas con la contaminación ambiental supuestamente generada por gaseras en el Estado de México han obligado a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) a llevar a cabo una serie de inspecciones y clausuras en estos establecimientos.
Sin embargo, surge la interrogante de si estas acciones están dirigidas selectivamente y si hay posibles complicidades en las autoridades. Cuando la población local se manifiesta en contra de estas instalaciones, tienen resultados limitados.
En cambio, las denuncias anónimas parecen ser excepcionalmente efectivas cuando se trata de competidores de las grandes gaseras monopólicas. El nuevo modus operandi en el Estado de México es de denuncias anónimas y clausuras selectivas que no parecen tener un impacto sustancial en conglomerados gaseros. Sin embargo, la magnitud de los operativos y su enfoque selectivo plantean preguntas legítimas sobre la posible complicidad de las autoridades encargadas de la regulación.
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Fuentes de Pemex y la Comisión Reguladora de Energía coinciden que la mayoría de empresas distribuidoras de gas LP que recibieron descuentos por parte de Petróleos Mexicanos en la venta del combustible son las del Grupo Tomza, de Tomás Zaragoza.
Los descuentos por Pemex en los tiempos de Lozoya Austin se realizaron “sin considerar ningún tipo de criterio” fueron facilitados por grupos políticos del Estado de México. ¿Cómo funciona? Hacen una o unas denuncias ciudadanas que apuntaban a “posible contaminación ambiental” generada por gaseras en el Estado de México y entonces la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) lleva a cabo una inspección en el lugar. Esta inspección tiene como objetivo verificar si las gaseras cuentan con la autorización necesaria en materia de impacto ambiental para llevar a cabo sus operaciones.
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En caso de incumplimiento, se clausura. No es tan poco común Según la información proporcionada por instancias de transparencia y como consta en la carpeta NIC FFA/FRX/00/MPI/146/00102/23/10, la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente del Estado de México solicitó al juez de control una orden de registro y, en caso necesario, la incautación de las instalaciones de la compañía Gas América ubicada en la colonia Santa Clara de Ecatepec, en el Estado de México.
Entre otros ejemplos está un reciente operativo simultáneo en una sucursal de Grupo Uribe, en la colonia Santa Clara Coatitla; Polgas, en la carretera México-Tulancingo, y a la empresa Sonigas en Los Reyes Acaquilpan.
Vecinos de Ecatepec denunciaron que el 26 de octubre el operativo en contra de Grupo Uribe fue realizado por la Fiscalía del Estado de México. Esto se puede confirmar en el expediente TEX/FFA/FRX/100/305818/23/10.
Además, según la información disponible en transparencia, en el caso de Pol Gas, SA de CV, la gasera tenía permiso de la CRE y la Fiscalía no declaró número de expediente en la visita.
Delitos medioambientales
La justificación detrás de estas acciones arbitrarias se centra en la supuesta comisión de delitos medioambientales. Una vez completada la diligencia, se procedió a la detención de cuatro individuos: dos de ellos acusados de delitos ambientales y los otros dos por presuntos delitos de cohecho. La última actualización del caso de Gas América más reciente es que se solicitó al ministerio público la autorización necesaria para permitir la participación de peritos en cinco áreas especializadas, con el fin de elaborar dictámenes periciales. Sin embargo, aún no se ha otorgado la autorización correspondiente para que los peritos en explosivos, incendios, agronomía, ecología, criminalística y seguridad industrial puedan llevar a cabo su labor.
Ciudadanía es ignorada mientras que la competencia no En el contexto de las supuestas "denuncias anónimas" de delitos ambientales, surge la duda de su aplicación selectiva para clausurar gaseras.
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Desde que comenzó esta administración, se han dado diversas denuncias ciudadanas de cerrar gaseras cerca de escuelas, zonas residenciales, o de riesgo. Personas de las localidades incluso se han manifestado contra las gaseras y son ignorados.
Denuncias anónimas
Sin embargo, estas “denuncias anónimas” parecen ser mucho más efectivas contra la competencia de las gaseras monopólicas. A simple vista, este modus operandi no parece afectar a conglomerados grandes como Grupo Tomza.
Pero más importante, operativos de esta magnitud claramente plantean interrogantes sobre posibles complicidades en las autoridades encargadas de su regulación.
Esto ha llevado a especulaciones sobre si estas denuncias se utilizan de manera estratégica para debilitar a competidores o gaseras más pequeñas, mientras que las empresas más grandes, con mayores recursos y conexiones, pueden sortear estas alegaciones con mayor facilidad.
La especulación sobre si estas denuncias se utilizan para favorecer a las grandes empresas y debilitar a la competencia es una preocupación importante que requiere una mayor investigación. En última instancia, la incertidumbre persiste en cuanto a cuándo estas gaseras cerradas podrán volver a operar, dejando a sus empleados sin trabajo y sin los medios para mantener a sus familias.
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