Ciudad de México.- En la Ciudad de México están dadas las condiciones para impulsar una política criminal que “nos lleve a nuestro fin último que es la justicia”, aseguró Ernestina Godoy Ramos, procuradora general de Justicia de la Ciudad de México.
Refirió que la capital mexicana es la entidad donde más se efectúan denuncias; en los últimos cuatro años se han incrementado de 169 mil a 234 mil el número de acusaciones y en el primer semestre de 2019 se han hecho aproximadamente 140 mil, casi la misma cantidad que en 2015, lo que indica una tasa de crecimiento de más de 38 por ciento.
Al dictar la conferencia magistral Coordinación institucional: el estado de la cuestión y los retos de la Fiscalía General, en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), precisó que en cuanto, a víctimas, la procuraduría atiende a más de 280 mil personas al año y ha captado, en lo que va de 2019, 56 mil denuncias vía la modalidad de ministerio público virtual.
"Con estos datos es evidente que la política criminal en la capital debe tener “el toque de atender masivamente” y determinar con mucha precisión la tipología de la problemática criminal y sus dimensiones, jerarquización y priorización de los problemas existentes”.
El modelo de procuración de justicia que impera en la procuraduría ha fracasado, porque es imposible atender la cantidad de denuncias sobre las cuales no hay jerarquización y priorización, por ello se plantea una tipología y características del fenómeno.
“Tenemos que dar una atención adecuada y creemos que puede ser mediante una política de segmentación, de acuerdo con las características del delito”, además de que el organismo “no va a dejar de atender ningún asunto y todas las personas que lleguen van a ser escuchadas”.
En los delitos de alto impacto –alrededor de 19 por ciento de los que se presentan ante la instancia– la próxima fiscalía tendrá que centrar todo su esfuerzo, sobre todo en materia de investigación.
La funcionaria afirmó que esta administración “se ha abandonado la política de guerra contra el narco, que convirtió al país en un gran cementerio”.
Para “organizarnos y buscar la paz hemos empezado por cambios normativos a nivel federal (artículo 19 constitucional) ampliando, por ejemplo, el abanico de delitos que merecen pena privativa de libertad de manera oficiosa”.
Godoy Ramos externo que la creación de la Guardia Nacional es otra gran modificación, que ha implicado el surgimiento de una nueva institución, "reformando la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el fin de establecer instrumentos de coordinación y actuación en los tres niveles de gobierno para el combate a la inseguridad".
Dijo que adicionalmente el Senado aprobó el Programa General de Paz y Seguridad que define las políticas generales de política criminal, “todo para lograr la paz”, a lo que se suma contar con una sociedad civil con instituciones de educación superior poseedoras de una sólida experiencia y conocimiento científico, que durante más de diez años han acompañado el proceso de diseño, instrumentación y evaluación del nuevo sistema de justicia penal y la transformación de las distintas procuradurías en los estados hacia fiscalías.
Hizo hincapié que el momento de transición del país “es inmejorable” para que la política criminal, que se instaure a partir del cambio de procuraduría a fiscalía de la capital del país resulte en una institución que atienda las demandas sociales de justicia y tenga como uno de sus ejes el combate a la corrupción,
Durante el primer foro La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el contexto de la política criminal nacional, indicó que con la transición de la procuraduría a la fiscalía de justicia “estamos en posibilidad de una verdadera transformación de fondo en el esquema de procuración de justicia de la capital” y confió en que éste se pueda adoptar en los distintos estados y la propia federación; “si logramos sistematizar todo el talento, el saber y la energía social que está generando esta ciudad”.
En su comentario a la ponencia de Godoy Ramos, Ana María Magaloni Kerpel, presidenta de la Comisión Técnica para la transición de la Procuraduría General hacia la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México, dijo que “el reto de transformar la procuraduría no es menor”, porque el sistema actual se diseñó hace muchos años “como un instrumento de control político, en el que lo que importaba eran los diez casos que le interesaban al jefe de gobierno en turno y a personas poderosas, en una urbe donde hay muchísima actividad del crimen organizado y, por tanto, muchísimo dinero”.
Estos intereses generaron una institución que “tiene muy pocas capacidades reales para satisfacer la demanda de justicia de quienes acuden a ella”; por ello “la transición será complicada y larga”, dijo la investigadora.
