Se cumplen 19 años del asesinato de la activista y defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, en su departamento de la calle de Zacatecas, en la Colonia Roma. Sus abogados y familiares informaron que su caso será juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sus abogados y familia sostuvieron que la presencia de la Corte Interamericana, representa la oportunidad de demostrar que se trató de un asesinato y no de un suicidio, y de comprobar qué hay elementos para hablar de un “crimen de Estado”.
David Peña y la abogada Karla Micheel Salas, integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (GADHJS), indicaron que desde el asesinato de Ochoa y Plácido, ocurrido en 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ComIDH), abrió de oficio un expediente para analizar de qué forma se llevó a cabo la investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre el caso, instancia que clasificó lo ocurrido como presunto suicidio.
Asimismo, dijo en mayo de 2019 la ComIDH emitió un informe de fondo en el cual señaló que las autoridades capitalinas habían cometido irregularidades graves en la indagatoria, entre ellas no investigar las amenazas previas en contra de Digna Ochoa, por lo que emitió una declaración de responsabilidad del Estado mexicano por este aspecto.
En su participación Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna, dijo que al llegar el caso a la CorIDH, “hoy existe la posibilidad inminente de ofrecer las pruebas que guardamos con mucho celo para que investigaran a un probable asesino. Esto no fue más que un crimen de Estado”.
En el mismo sentido, también integrante del GADHJS, coincidió en que “hay elementos para decir que fue un crimen de investigación”, al no haberse agotado las indagatorias que sugerían un probable caso de homicidio.
Señalaron que la CIDH tramitará el juicio contra el Estado mexicano, por la deficiente investigación del caso en instancias nacionales.
El pasado 15 de febrero, fueron remitidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los documentos de anexos, testimonios y pruebas periciales ofrecidas por la familia Ochoa y Plácido y sus representantes legales en el marco del sometimiento contencioso del caso que fue presentado ante el tribunal internacional por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)el pasado mes de octubre de 2019.
El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (GADH), en coordinación con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), han realizado el acompañamiento jurídico de la familia Ochoa y Plácido ante la Comisión y ahora ante la Corte logrando exponer que no sólo se violentaron los derechos de la familia por las graves irregularidades en las investigaciones, sino que también se violentó el propio derecho a la vida de Digna, por nunca haberse investigado adecuadamente las amenazas recibidas en su contra previo a su asesinato, así como su derecho a la dignidad y honra por la descalificación personal y la deslegitimación del trabajo de la abogada defensora de los derechos humanos, que durante meses realizaron las autoridades del gobierno de la Ciudad entre los años 2002 y 2003.
“Para la familia es un logro que una instancia internacional haya reconocido que teníamos razón y que las investigaciones fueron realizadas de manera deficiente y negligente, y que no había pruebas suficientes para demostrar que Digna se había suicidado, ni siquiera con la fabricación de pruebas y peritajes que hizo la Procuraduría en los años 2002 y 2003”, señaló Jesús Ochoa quien ha sido el integrante de la familia más comprometido con la resolución del asunto.
En su intervención, la abogada y defensora feminista Karla Micheel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, señaló que “en el proceso ante la Corte Interamericana, estamos alegando que el Estado mexicano es responsable también por la muerte de Digna, independientemente de que no se hayan identificado a los responsables materiales, porque nunca investigó adecuadamente las amenazas que ella había recibido durante años con motivo de su ejercicio en la defensa de los derechos humanos.
También señalamos que las autoridades mexicanas son responsables de haber denigrado la imagen personal y profesional de la abogada, al utilizar aspectos de su vida privada y de su condición de género para estigmatizar y descalificarla”.
“La violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos en México se ha recrudecido en nuestro país, el caso de Digna ante la Corte IDH permitirá hacerlo visible y que el tribunal internacional dicte medidas que impacten en el establecimiento de estándares en materia de investigación de los casos de crímenes cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos, particularmente en el caso de mujeres defensoras".
EG
