Un juez federal anuló la orden de aprehensión girada desde 2020 en contra de la extitular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada tras considerar que ni el juez original que libró la orden, ni la Fiscalía General de la República (FGR), pudieron probar al menos de forma inicial dos cosas: que esos delitos existieron, y que la exsecretaria de Estado los cometió.
En la resolución judicial, el juez Eutimio Ordoñez Gutiérrez concluyó que fue excesivo y violatorio de derechos constitucionales el que la fiscalía haya solicitado una orden de captura en contra de una persona que estaba localizable, y que no había ningún indicio razonable de que quisiera darse a la fuga. Incluso, para ese momento, Robles ya estaba en prisión preventiva.
Esta decisión exhibe fallas y negligencias de la FGR que, por años, tuvo en sus manos una orden de aprehensión que, de forma inexplicable, nunca cumplimentó.
Ante la incertidumbre que eso representaba los abogados de la defensa promovieron un juicio de amparo y el año pasado obtuvieron una suspensión definitiva en contra de la orden.
El caso seguía vivo y la Fiscalía podría haber optado por otra alternativa para detonar el proceso, pero no lo hizo. Ahora, la sentencia del juicio de amparo ha concluido que no hay pruebas de que dichos delitos se hayan realmente cometido.
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