El titular del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” en el Estado de México, Antonio Lara Duque, afirmó que persiste el exceso de la burocracia en torno a los trámites de la Ley de Amnistía en la entidad, situación que va en detrimento de quienes pretenden acceder a esta legislación, al tiempo en que manifestó que más del 60 por ciento de los presos en las cárceles mexiquenses son inocentes.
Al emitir un pronunciamiento sobre la urgente necesidad de modificar el sistema de justicia no sólo en el territorio estatal, sino en todo el país, el abogado fundador del citado centro aseveró que lo engorroso en los procedimientos para tener acceso a la Ley de Amnistía en el Estado de México, la cual lleva casi año y medio en vigor, provoca que las personas presuntamente inocentes no alcancen los beneficios de esa legislación.
El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” anunció una manifestación el próximo lunes 23 de mayo en la capital del estado, justo en el primer cuadro, frente al palacio municipal de Toluca, en apoyo a los familiares de las personas que se considera están injustamente presas
Antonio Lara Duque dio a conocer que es imprescindible llevar a cabo una profunda reforma al sistema judicial, debido a que –dijo- es punitivo y unilateral, por lo que se pronunció por modificar el actual sistema de justicia penal en el país, y desde luego, en el Estado de México.
Hizo énfasis en que de las más de 34 mil personas privadas de la libertad en los 22 penales mexiquenses, al menos el 60 por ciento sean inocentes. Aseveró que el actual sistema de justicia propicia que la mayoría de las personas encarceladas estén ahí adentro, aun cuando son inocentes. Reprobó el hecho de que los verdaderos delincuentes se encuentren en libertad.
Añadió que es injusto y absurdo que muchas personas se encuentren en la cárcel sin que sean sentenciadas por años. Mencionó que se han detectado obstáculos burocráticos innecesarios que impiden que las personas con escasos recursos opten por solicitar amnistía al no ser un proceso asequible.
En tanto, el diputado local Max Correa, uno de los autores de la iniciativa que dio pie a la creación de la Ley de Amnistía, reveló en breve entrevista que se mantiene la expectativa de liberar a unos 5 mil indígenas y campesinos que no tuvieron acceso a un debido proceso judicial, a jóvenes criminalizados por ser fumadores de marihuana y al menos 46 mujeres privadas de su libertad, acusadas de aborto.
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“Vamos a trazar una ruta de reuniones virtuales, un parlamento a distancia, donde invitaremos al Poder Ejecutivo, al Poder judicial, a la Fiscalía, a la Comisión de Derechos humanos, a las organizaciones de derechos humanos, a víctimas, a académicos y a especialistas en la materia”, detalló.
Manifestó que hoy por hoy están encarceladas personas que defendieron sus derechos, su agua, su territorio, mujeres que decidieron abortar, jóvenes que portaban marihuana y la usaron de manera personal. Son ejercicios de derechos, pero están criminalizadas esas conductas y no es sostenible que sigan privadas de la libertad”, refirió.
La Ley de Amnistía aprobada por el Congreso mexiquense está diseñada para beneficiar a personas de escasos recursos o integrantes de grupos vulnerables como indígenas, adultos mayores y mujeres que por falta de una buena defensa permanecen en la cárcel y han sufrido violaciones al debido proceso o a sus derechos humanos.
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