El feminicidio de la madre de Ana, ocurrido en 2020, es un trago amargo que, a veces, no termina de pasar, pero también es una puerta que, al atravesarla, ha dado a Ana la posibilidad de mirar a las personas, sus causas y sus vivencias, tratando de hacer de su vulnerabilidad, la fortaleza de otros que comparten una historia como la de ella.
El caso de Ana no se encuentra entre las cifras reportadas del Instituto Nacional de las Mujeres donde se identificaron 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidios cometidos entre enero y diciembre de 2019, el conteo, basado en información suministrada por 26 entidades federativas, no contempla a los adultos y no especifica sobre los menores con capacidades diferentes o necesidades especiales.
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Si bien los menores de edad requieren mayor atención para superar el feminicidio, delito del que fue víctima la madre de Ana, las personas mayores de edad no dejan de ser víctimas indirectas al estar expuestas a los conflictos que este tipo de crímenes desatan.
Al mismo tiempo que Ana buscaba justicia para su mamá, Marilú, muerta a manos de su pareja sentimental, Juan “N”, buscaba tener un poco de consuelo para seguir adelante y, además, reunir recursos para pagar al abogado, tenía que superar el temor que le producían las amenazas por parte de la familia del agresor de su madre, quien ya estaba detenido.
Luego de cometer el feminicidio contra la enfermera, Juan intentó pasar inadvertido dando pistas falsas sobre el paradero de Marilú, como se narró en la primera entrega de este reportaje en LA PRENSA (jueves 27 de junio de 2024), pero sus posibles vínculos con el narcomenudeo lo pusieron en la mira de la policía, entonces fue detenido en flagrancia por su presunta participación en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo e hipótesis de comercio.
El ahora sentenciado a 52 años y seis meses en prisión en el Reclusorio Sur de la CDMX, también intentó sobornar a los policías y se le sumó el delito de cohecho. Durante la prisión preventiva se le notificó su imputación por el crimen contra Marilú.
La policía no halló el cuerpo
El cuerpo sin vida de la enfermera del Instituto Nacional de Pediatría no fue localizado por la policía en su búsqueda en el patio del predio de la víctima, ubicado en la alcaldía Tlalpan, fue días después, cuando una vecina le notificó a Ana que su portón se estaba azotando, por lo que pidió a su tío que fuera a revisar el lugar.
Acompañado por sus mascotas, el familiar de Ana se presentó en el predio y, mientras llevaba a cabo una inspección, los perritos localizaron el cuerpo, entonces llamaron a las autoridades para notificar el hecho.
Para la hija de la víctima esta fue una noticia que le trajo sentimientos encontrados, “una sensación de alivio de saber que ya la había encontrado, aunque no era como quería, pues, en realidad, fue en medio del dolor, de la impotencia, (y) días después, el coraje”, describe la joven.
El coraje tras el engaño del hombre que pensó que amaba y cuidaba a su mamá, con la que llevaba casi 6 años de relación, con aquella mujer dedicada y cariñosa que le enseñó a temprana edad a levantar la voz y ponerse a salvo de la violencia, que le habló de amor propio y superación.
Fue una vecina la que, después de varios días, se animó a dar la testimonio donde señaló a Juan como el responsable. En su declaración, aseguró que se escucharon gritos muy cerca, incluso donde Marilú pedía ayuda, pero el temor al agresor llevó a callar a aquellos que escucharon, aunque no se imaginaron que terminaría en muerte. Al paso de los días, la vecina decidió hablar para hacer justicia.
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¿Justicia sin reparación del daño?
Tras el largo proceso y la interminable espera de la resolución por casi cuatro años, llegó la sentencia: 52 años y seis meses de prisión, más la reparación del daño que Juan “N” tendrá que pagar a Ana, víctima indirecta del crimen.
El Director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, Arturo Luis Cosío Zazueta, explicó a LA PRENSA, que la reparación del daño es un derecho y en estos casos la determina un juez.
“Como víctima es posible la reparación del daño, pero tampoco tendría que ser negocio, la reparación del daño nunca debe ser vista como un negocio a favor de la víctima”, comentó el catedrático.
“Por ejemplo, si hablamos de feminicidio, la va a determinar el juez, se tienen que presentar elementos que se pueden cuantificar objetivamente; gastos funerarios, si estuvo en el hospital antes de morir, esos gastos curativos también se tienen que reparar, y luego viene ya el tema de la pérdida de oportunidades, pérdida de salarios promedio laboral e incluir el daño moral, entonces cada sentencia va a ser distinta”, comentó Cosío Zazueta.
Los gastos durante estos años han superado la capacidad de Ana, quien, en medio de todo lo sucedido y de la desesperación, firmó a su abogado el compromiso pagar un porcentaje sobre la reparación del daño fijada por el juez, solo unos días después de la sentencia, hecho que ahora, sin superar el duelo, debe saldar.
La desalentadora noticia es que el sentenciado no tiene los recursos para pagar, tampoco está obligado a trabajar para poder reparar ese daño, que no solo es emocional, sino patrimonial.
El jurista, Arturo Luis Cosío, comentó que las personas en prisión no están forzadas a trabajar dentro de prisión, “para mí, el trabajo debería ser obligatorio, y si bien en el artículo quinto prevé que pueda haber trabajo impuesto, no se refiere al trabajo como tratamiento penitenciario, ni para la reparación del daño, se refiere al trabajo comunitario. Creo que se debería de imponer, primero para que ayude a su mantenimiento en la cárcel, segundo, para tratar de reparar el daño y, tercero, como terapia”.
El Programa de Reparación a Víctimas o víctimas indirectas del delito de feminicidio contempla medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición e indemnización, pero el fondo destinado es insuficiente para todos los casos.
Reparación emocional
La reparación emocional es la parte más compleja para las víctimas indirectas que deja en su atroz paso un feminicidio. La psicóloga forense de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, Samantha Olivares, sabe que hay mucho trabajo por hacer con aquellas que pasan a ser las víctimas directas.
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La especialista asegura que hay mucho trabajo por hacer con los hijos de madres muertas por feminicidio. A pesar de que los menores de edad presentan mayor dificultad para asimilar un crimen tan violento, el caso es complejo para cualquier edad.
Entre los síntomas emocionales que tienen que enfrentar están “el miedo, apego, protección y mucha confusión, porque en estos casos, por ejemplo, la familia paterna del agresor también tiene un papel importante, ya que pretenden seguir conviviendo con los hijos, y la familia materna no lo quiere permitir”, explicó Samantha.
Al duelo, se le suma también “un gran abandono institucional y social hacia las familias, hacia a los agresores, porque evidentemente hay un problema y no se está atendiendo. No se piensa que la familia del generador necesita intervención, “, detalló Olivares.
Por los años de experiencia de la especialista en salud emocional sabe que “las instituciones no tienen infraestructura”, por lo que este sector está descuidado y hace falta mucho por trabajar e implementar medidas.
La psicóloga lamenta el incremento de casos de feminicidio en el país, “desde el 2012 empezamos a trabajar en los feminicidios, y había guardias donde a veces no había nada, ni un asesinato una muerte violenta de mujeres, del 2014 a la fecha hay diario”, contó la psicóloga forense.
Mejorar el trato a víctimas
La vulnerabilidad en la que quedan los hijos de estos casos violentos ha sido un parteaguas para Ana, quien reconoce que el trabajo de las fiscalías y del Ministerio Público rebasa al personal y eso produce un efecto negativo, e incluso deficiente en la atención a las víctimas.
La joven veterinaria, apasionada de su profesión, sabe que puede intervenir en estos casos para guiar a quienes, como ella, necesitan contención y guía para hacer eficientes las denuncias y, por consiguiente, evitar que cometan los errores que ella cometió por su desconocimiento.
La experiencia propia, el conocimiento adquirido en el camino y el complicado camino a la justicia, abren una puerta que los funcionarios públicos no han abierto en beneficio de quienes claman justicia para aquellas a quienes les arrebataron la voz.
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