Las personas privadas de su libertad que se encuentran en cárceles del Estado de México representan un jugoso negocio, cuyas ganancias se potenciaron con la entrada en vigor de la Ley de Amnistía.
Tal afirmaron diputados locales, al manifestar que el micro en las prisiones va desde los dos pesos que cada puerta que los internos cruzan, hasta los 2 mil 500 por llenar formatos o hacer trámites.
De acuerdo con el legislador Enrique Sepúlveda Ávila, los gastos que hace cada recluso al mes ascienden en promedio a 5 mil pesos.
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Durante la sesión de hoy, en la que los diputados aprobaron un punto de acuerdo para solicitar al titular de la secretaría de seguridad pública en la entidad, Rodrigo Sigfrid Martínez Celis Wogau, emprender acciones inmediatas para combatir las prácticas corruptas en las cárceles, los diputados dijeron que la Ley de Amnistía ha servido de pretexto para exprimir más a los reos.
En la sede del Poder Legislativo, Sepúlveda Ávila recordó que el 5 de enero se expidió dicha, con el objeto de despresurizar las prisiones otorgándole la libertad a quienes, ante la comisión de determinados delitos no pudieron tener un acceso adecuado al sistema de procuración y administración de justicia.
En la exposición, los diputados manifestaron que de acuerdo con la investigadora Catalina Pérez Correa, cada persona privada de su libertad debe pagar en promedio 5 mil pesos mensuales para poder sobrevivir al interior de los centros penitenciarios, pudiendo ser aún mayor en caso de requerir de algún otro servicio, como el derecho a una celda, a un colchón o cobija, a comida higiénica, visita íntima, enseres, víveres o ropa, lo cual termina siendo pagado por sus familiares.
Las personas privadas de la libertad se vuelven un negocio, pues pagan por uso de tarjeta telefónica 80 pesos; por alimentos 120; televisión o equipo de audio de 800 a mil pesos; aviso de llegada de familiar 10 pesos, a esta cantidad se le suman de 2 a 5.00 pesos por cada puerta que necesitan cruzar.
Adicionalmente, ahora con el llenado de supuestos formatos autorizados para realizar el recurso de Amnistía, para acudir a locutorios, acceso al buzón de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para recibir la simple información para una solicitud, autorización de correo electrónico para recibir las notificaciones manejados por las denominadas “mamás o jefas del cantón” representa un costo entre los 500 hasta 2 mil 500 pesos.
“Desafortunadamente a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, estos mal llamados pagos necesarios se han incrementado, sobre todo para quienes pretenden presentar una solicitud para tratar de verse beneficiados, pues ahora se les exigen dádivas o pagos de extorsión mayores, pudiendo incluso ser objeto de golpes y actos de tortura sobre quienes no pueden o no quieren pagar”, denunció el legislador de Morena.
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Abundó que quienes presentan solicitudes ante la Comisión Especial en Materia de Amnistía, han denunciado verbalmente estos abusos ya son práctica recurrente y cotidiana por parte del personal que labora dentro de los Centros, así como de los grupos conocidos como autogobiernos, destacando en esta práctica los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social de Ecatepec, Almoloya, Chiconautla y Neza Bordo.
“Hoy desde esta Tribuna, reprobamos estas actuaciones. La Ley de Amnistía del Estado de México, se creó con el espíritu de restablecer el derecho a la libertad de aquellas personas que, por su condición de vulnerabilidad, no han tenido acceso a la justicia por falta de equidad en la administración de la misma. Al contrario, terminaron siendo víctimas de la corrupción que lamentablemente sigue imperando al interior de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado”, denunció Sepúlveda Ávila.
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