La Fiscalía General de Justicia de la CDMX respondió a las acusaciones por parte de deudos de las cinco víctimas mortales que dejó el atentado al interior de un departamento de la colonia Narvarte ocurrido en el 2015, fue enfática al responder que no encubre a ningún funcionario que pudiera estar relacionado en el crimen por el que todavía realiza investigaciones.
En un mensaje a medios el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, explicó que la FGJ, realiza un Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas por las que abrió una carpeta de investigación, para indagar la posible existencia de vínculos entre el caso y la actividad de redes de trata de personas, en cualquiera de sus modalidades.
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La dependencia aclaró que atravesó de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos mantiene en curso una carpeta de investigación por los diversos actos y omisiones señalados en la Recomendación 04/2017, emitida por la Comisión de Derechos Humanos capitalina, así como por hechos denunciados por las personas víctimas indirectas en diciembre de 2022.
El vocal aseguró que la Fiscalía lamenta que las familias hayan declarado suspendido el diálogo, pero la institución mantiene su disposición a continuar la comunicación y la colaboración con ellas, con quienes dijo, ha sostenido reuniones de trabajo con las familias y sus representantes en las que se les ha dado acceso completo al expediente de la investigación.
Así mismo, informó que ha reconocido como víctimas indirectas a los familiares de las personas a las que se les privó de la vida, tales como servicios psicológicos orientados a fortalecer los procesos de resiliencia subjetiva y familiar de los grupos familiares afectados como lo solicitan las medidas de compensación y rehabilitación señaladas por la Recomendación 04/17.
Sobre esta recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, emitida en 2017, en la que documentó diversas violaciones a derechos humanos de las víctimas directas e indirectas de este caso; entre ellas, que el deceso de las cuatro mujeres que se encontraban en el departamento no se investigó con perspectiva de género.
Aseguró que en su momento aceptó la Recomendación y no se agotó la línea de investigación relacionada con los antecedentes de violencia política que habían sufrido Nadia y Rubén antes de migrar a la Ciudad de México.
También, se buscó cualquier tipo de nexo de los sentenciados con las empresas de los altos funcionarios de Veracruz, las cuales posiblemente se utilizaban para lavado de dinero y otras actividades ilícitas, especialmente las que tienen su domicilio en la Ciudad de México.
FGJ amplia investigación en Veracruz
El informe de análisis de contexto permitió a la FGJ considerar que era necesario y justificado ampliar el alcance de la investigación de la Línea Veracruz, por lo que esta Fiscalía solicitó la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de ese Estado, a fin de acceder a las investigaciones realizadas por la institución contra mandos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local.
Gracias a la colaboración interinstitucional, esta Fiscalía General de Justicia obtuvo información de cerca de 280 personas, relacionadas con un grupo de Policía en el Estado de Veracruz, así como de altos funcionarios cercanos al ex gobernador de esa entidad.
Con esa información, nuestra Policía de Investigación buscó exhaustivamente tratar de identificar cualquier tipo de vínculo que pudiera existir entre los sentenciados por el Caso Narvarte y las personas investigadas por la Fiscalía de Veracruz.
Asimismo, se cruzaron aproximadamente 500 registros telefónicos que se obtuvieron a través de la colaboración, además de que se buscaron coincidencias entre los contactos de los sentenciados y los nombres e indicativos de Policía de todas las personas investigadas en Veracruz.
En especial, buscamos identificar a alguna persona que llevara el indicativo “Tormenta” o “Capitán Tormenta”, que era de interés especial para los abogados de las víctimas.
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