La FGR informó que ha iniciado una investigación por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la que se involucra a servidores público, que en colusión con empresarios y prestanombres, simulaban operaciones con las que presuntamente dotaban de recursos a su organización criminal.
Esta tarde la Fiscalía General de la República confirmó que ha iniciado una carpeta de investigación en contra del empresario Víctor Manuel “A” y su esposa, la conductora de televisión Inés “G”, así como Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos., por lo que ya son investigadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
La Fiscalía detalló que los acusados habrían lavado dinero, presuntamente, celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban
La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel “A” e Inés “G”, que operaban con supuestos representantes de personas morales. Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
La misma organización agrupó a cuatro servidores públicos quienes facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales. Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen.
En el caso de una de las empresas que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos.
Fiscalía General de la República
Es fundamental en esta investigación señalar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.
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Sobre la participación de Gabriel “M”, dicha persona, asegura la Fiscalía, figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas. Mientras que el caso sigue en investigaciones.
A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes; y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal. En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.
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