Al aclarar que la Ciudad de México no es refugio ni zona de confort para el crimen organizado, la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, Ernestina Godoy Ramos, informó que hay un reforzamiento de la vigilancia en Milpa Alta, luego del reciente video que se difundió por parte de la Familia Michoacana en el que asegura que está en esa zona de la metrópoli.

En reunión virtual con representantes populares del Congreso local, dijo que se verifica la veracidad del video de manera minuciosa y, en tanto se tienen los resultados, hay una mayor presencia policial en esa alcaldía y Tláhuac, así como otras partes de la urbe, con las investigaciones pertinentes.

Durante la mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, presidida por la morenista Valentina Batres Guadarrama, donde el diputado panista Federico Döring Casar se refirió al tema y cuestionó qué se ha hecho, la funcionaria delineó: “nosotros no somos sordos y no sabemos si es auténtico o no, pero tomamos medidas”.

Recordó que aproximadamente un mes y medio se dio un video muy difundido, en el que había un convoy precisamente en esa zona, Milpa Alta, con armas largas y, ante eso, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) actuaron rápidamente; de aquel momento se tienen dos personas detenidas vinculadas y vehículos asegurados, los que se vieron en el material grabado.

“Como lo dije en su momento y lo quiero repetir, esta ciudad no es ni será el refugio ni zona de confort de ningún grupo criminal, estamos de manera coordinada y vamos a combatir todas las expresiones criminales, eso en relación a Milpa Alta”, declaró.

Godoy Ramos refrendó que del video difundido el martes pasado, se verifica su autenticidad, pero “también ha habido un reforzamiento de la presencia policiaca en toda esa zona de Milpa Alta, Tláhuac y demás, que es nuestra obligación”.

Momentos antes de que terminara su encuentro de manera virtual con legisladores, en su tercera intervención, la responsable de la FGJ acotó: “no quiero dejar de mencionar un tema que mencionó el diputado Döring que me parece muy importante, porque tiene que ver también con la tranquilidad de la ciudadanía, comentó el tema de la presencia de la Familia Michoacana en Milpa Alta con un video que fue ampliamente difundido ayer (martes) en las redes sociales; primero comentarles que estamos nosotros en el proceso de verificación, sobre elementos esenciales, para verificar la autenticidad de ese video”.

Por otra parte, al referirse a otro asunto no menos importante, aseguró que el Centro Histórico es donde con mayor incidencia se lleva a cabo el delito de despojo de inmuebles que por lo general son utilizados para actividades comerciales y, por el cual se tienen casi 500 casos de investigación.

La titular del organismo autónomo a representantes populares del Poder Legislativo local explicó que se está ante una situación muy recurrente que se combate y se actúa por recuperar los bienes ocupados de manera irregular.

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En el encuentro a distancia con representantes del recinto de Donceles y Allende, para el análisis del paquete económico 2023, la funcionaria aclaró que más allá de una investigación que puede llegar a una judicialización, lo importante es asegurar las propiedades invadidas, recuperarlas rápidamente y, al momento se han restituido 111 inmuebles, proceso en el que se debe tener cuidado.

Al responder a preguntas que en ese sentido le hicieron el coordinador de la bancada del PRD, Víctor Hugo Lobo Román y la diputada del PRI Silvia Sánchez Barrios, la Fiscal General de Justicia, detalló que tan solo en el Centro Histórico se tienen 54 carpetas de investigación, que calificó de prioritarias y están ubicados los inmuebles, que por lo general son utilizados para implementar plazas comerciales, producto del despojo.

Dio cuenta que en el Centro Histórico se han recuperado 12 inmuebles, a la vez que se refirió al Hotel Marina que estaba ocupado en su totalidad, invadido por delincuentes; se inició el proceso de investigación y se determinó había delincuencia, extinción de dominio y actualmente está ocupado por la Guardia Nacional.

Sobre el tema, al que también se refirió el diputado perredista Jorge Gaviño Ambriz, quien denunció que ancianos son sacados de sus predios por delincuentes que se adueñan de los mismos, además de que continúa en ascenso la extorsión y el derecho de piso que son todo un flagelo, Ernestina Godoy informó que desde que llegó a la Fiscalía General de Justicia, el despojo es una preocupación que se atiende con prioridad, más cuando “encontramos gran cantidad de carpetas de investigación que no estaban bien atendidas”.

Señaló que se tiene que buscar rápidamente el inmueble y recuperarlo, más allá de una investigación que puede llegar a una judicialización, al tiempo que acotó que en el Centro Histórico se emprende un programa especial en torno al despojo por parte de la delincuencia, con especial participación por parte del titular de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, Fausto Amador Martínez Cruz.

En el asunto que les ocupó en la mesa de trabajo, la responsable de la FGJ destacó que para el 2023, se busca consolidar los avances en la transformación de la fiscalía y cumplir con la obligación constitucional de procurar justicia, investigar delitos, presentar a los responsables ante la justicia, atender a las víctimas con pleno respeto a los derechos humanos e incorporar la perspectiva de género en todas las actuaciones.

Se trata, abundó, de colocar a las víctimas en el centro de todas las actuaciones y lograr transformar a toda la Fiscalía en la puerta de entrada a la justicia.

Para el ejercicio fiscal 2023 solicitó una asignación presupuestal que asciende a 9 mil 280 millones de pesos. Esto representa un incremento del 27.1 por ciento en términos nominales en relación con el ejercicio estimado al cierre de 2022.

Delineó que los recursos serán destinados a consolidar la transición de la FGJ, fortalecer la capacidad operativa, incorporar herramientas tecnológicas a la investigación, mejorar los espacios de atención ciudadana, ampliar la infraestructura para atender a las mujeres víctimas de violencia, incremento salarial y liquidar juicios laborales.

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