Diputados federales de Morena, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, cerraron filas al demandar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), agilice y supervise las investigaciones sobre el caso del presunto abuso sexual de dos menores por parte de su progenitor, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país que está en proceso de ratificación en el cargo.

Los representantes populares pidieron al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, tome las medidas necesarias para evitar intromisión alguna por parte del servidor público que es imputado en la carpeta CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/1927/09-2019 y sea separado del cargo mientras se realizan las investigaciones en su contra.

Para los legisladores resulta fundamental que este caso sea investigado de forma estricta y con sujeción a las normas penales, en virtud de que el acusado es un servidor público de alto nivel.

De ahí que insistieran que es primordial que la Fiscalía realice sus diligencias de forma pulcra y profesional; ajena a cualquier intromisión que pudiera derivar en la impunidad de tan lamentables actos.

Al respecto, la diputada de MC, Martha Tagle Martínez, sostuvo que el Ministerio Público de la Ciudad de México ha emitido prórrogas en dos ocasiones para judicializar las investigaciones de este caso, por lo que llamó a la Fiscalía a que actúe de manera pronta y expedita, ya que son dos menores, de 5 y 7 años, las que están en juego.

Dijo que desafortunadamente, estos casos de abuso sexual en menores de edad muchas veces quedan en la impunidad y pasa mucho tiempo antes de que se investigue y generalmente no se sanciona a los culpables.

Por su parte la legisladora panista Adriana Dávila Fernández, indicó que este caso lastima a todas las familias de México porque la presunta violación se da en el seno familiar, por lo que exigió que no se emitan más prórrogas para que el caso se comience a judicializar y se deslinden responsabilidades.

“Si no se encuentran los elementos para probar la culpabilidad o inocencia de alguien, pues que se den en ese sentido, pero tiene que hacerse desde la judicialización y no desde la omisión”, declaró.

Lamentó que, ante esta situación, los que más sufran las consecuencias sean los menores que según estudios de psicoterapia, presentan evasión, ansiedad, angustia, miedo, tristeza y confusión al hablar sobre una posible agresión sexual.

La diputada de Morena, Lorena Villavicencio Ayala, reprobó que ante los antecedentes que se presumen de abuso contra los niños por parte de un magistrado, el Congreso de la CDMX todavía se dé el tiempo de hacer una valoración de su candidatura para ratificarlo en el cargo de magistrado.

“No podemos permitir, bajo alguna circunstancia, que un agresor forme parte de la función pública y menos tratándose de un juzgador”, subrayó.

Comentó que se solicitará una reunión con la fiscal de la CDMX, para que explique qué pasa con el magistrado y en qué situación se encuentra el caso.

EG