Arturo R. Pansza

México es el segundo país de América con mástransfeminicidio atrás de Brasil y, de acuerdo a la EncuestaNacional de Discriminación (Enadis) 2017 del Instituto Nacional deEstadística y Geografía (Inegi), los sectores más discriminadosson mujeres transgénero con 75 por ciento.

Lo anterior coincide con las cifras que maneja el ConsejoNacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), al exponerque le siguen hombres gays y mujeres lesbianas con 65 por ciento.Incluso por encima de la población indígena.

Mientras que los asesinatos por transfobia ocupan el primerlugar. Se han registrado de 2013 a 2017, unos 381 asesinatos depersonas LGBT, de las cuales 209 son de mujeres trans, le siguenhombres homosexuales con 158 casos, seis de hombres bisexuales ytres de lesbianas.

Dentro de ese contexto y realidad compleja que se vive, lapresidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de laCámara de Diputados, Celeste Ascencio Ortega, plantea abordar eltema de la diversidad sexual de manera coordinada desde los tresniveles de gobierno y los Poderes de la Unión, y lograr que laspolíticas públicas dirigidas a población LGBTTTI se reflejen entodo el país.

Resulta urgente orientar y sensibilizar a servidores públicossobre el respeto a las garantías de la población Lésbico, Gay,Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual(LGBTTTI).

Para la legisladora de la bancada de Morena, se requierereformar y armonizar, tanto las leyes como la ConstituciónPolítica, antes de avanzar en crear alguna ley general dediversidad sexual. “Se buscará legislar primero en el CódigoCivil Federal y en la misma Carta Magna; normativas que ya existeny que se tienen que trabajar”.

En la Enadis 2017, se expone que casi 2 millones 700 milpersonas en México declaran no ser heterosexuales, que representael 3.2 por ciento de la población nacional.

Las cláusulas de la Constitución y las leyes en México, aúnno incluyen la orientación sexual, expresión e identidad degénero, y características sexuales como motivos prohibidos dediscriminación.

Al respecto, la historiadora Patricia Galeana escribe que todoslos sectores de la sociedad deben conocer los derechos contenidosen la Constitución y en los instrumentos internacionales queMéxico ha firmado, para identificar cuáles son los procedimientosprevistos en la ley, y en su caso, saber ante qué instancias sepuede solicitar el asesoramiento para ejercerlos.

La representante popular Ascencio Ortega, confirma que en elpresente segundo periodo ordinario de sesiones del primer año dela actual LXIV Legislatura del Congreso de la Unión que comenzóel pasado 1° de febrero, se presentarán iniciativas en estamateria.

Figuran entre ellas la modificar el primer artículoconstitucional, en su capítulo I “Derechos Humanos y susGarantías”, para cambiar el concepto de “preferenciassexuales” por el de “orientación sexual”, son palabras, peroque al final de cuentas son grandes conceptos, considera lamorenista.

El término empleado por la Organización Mundial de la Salud(OMS) es “orientación sexual”, aunque es común referirse aésta como “preferencia”, algo incorrecto, ya que puedeinterpretarse como opción u elección.

La plataforma de información Harmonía, comparte que durantemuchos años se creyó que el sexo biológico determinaba laidentidad de género, expresión de género y orientaciónsexual.

Ello implicaba que, si una persona nacía con sexo biológicofemenino (una vagina) se esperaba que su identidad de género fuerade mujer, su expresión de género fuera femenina y su orientaciónsexual fuera hacia los hombres.

Sin embargo, actualmente se conoce que estos cuatro aspectosestán relacionados entre sí, se refieren a cosas muy distintas yuno no necesariamente determina a los demás.

El denominado sexo biológico, es aquel con el que se nace. Laidentidad de género, es la forma en la que una persona se percibea sí mismo.

La expresión de género es cómo se decide expresar laidentidad de género a través de cómo se viste, actúa o serelaciona. Y la orientación sexual se refiere a las personas haciaquienes te sientes atraído.

Una realidad es que, dentro de la diversidad sexual, todas lascombinaciones son posibles y no existe una norma.

Celeste Ascencio ha dejado en claro que una de las prioridadespara la instancia legislativa que preside será avanzar en elmatrimonio igualitario a nivel federal. “En la Ciudad de Méxicose tiene matrimonio igualitario ¿pero en los demás estados?”,cuestiona.

Se espera que las disposiciones del Código Civil Federal rijanen toda la República en asuntos del orden federal. No obstante, elartículo 121 de la Constitución Política n de los Estados UnidosMexicanos, señala que cada entidad establecerá su propio CódigoCivil, con las modalidades y adiciones que a él convengan, comolos requisitos para contraer matrimonio.

En la Ciudad de México desde marzo del 2010, algunasdisposiciones han permitido llevar a cabo matrimonios entrepersonas del mismo sexo, desde ese año hasta diciembre del 2015,un total de seis mil 525 parejas oficializaron su unión ante unjuez, de acuerdo a datos del Registro Civil.

Lo que se quiere hacer en el recinto deliberativo de San Lázaroes contar con la base federal, para que a los estados se les puedapedir que se adecuen a la federación y que, en todo el territoriomexicano se reconozca el matrimonio igualitario.

Se requiere la capacitación a servidores públicos sobreidentidad sexual, para garantizar el derecho a la nodiscriminación.

Entre 2012 y 2018, el Conapred analizó mil 31 presuntos actosde discriminación hacia personas de género y de característicassexuales diversas.

Del total, 77 por ciento consistió en quejas contraparticulares y el 23 por ciento en quejas contra personas delservicio público.

El principal motivo de discriminación fue la orientaciónsexual, que originó tres cuartas partes de los casos. El resto delos procesos respondía a otras causas; por ejemplo, uno de cadadiez involucró discriminación a raíz de la identidad degénero.

En México, la discriminación por orientación sexual,identidad o expresión de género y características sexuales es unfenómeno estructural.

Lejos de limitarse a casos aislados o aleatorios, esta forma deexclusión se manifiesta en acciones repetidas y generalizadas que,sobre la base de estereotipos, restringen los derechos de laspersonas.

Celeste Ascencio Ortega estima necesario de que en todas lasdependencias de gobierno se capacite al personal en materia dederechos humanos vinculados al tema de diversidad sexual.

“Hubo el caso de un procurador que, al tratar el tema defeminicidios, dejaba fuera a las mujeres transgénero, él decíaque las mujeres trans no eran mujeres, que eran simplemente hombresvestidos de mujer y que habían sido asesinado por cuestionessentimentales”, define.

Otro de los temas pendientes es que verdaderamente se garanticey dé un buen proceso a los crímenes de odio por homofobia, porqueahí también está la parte de seguridad, en la que incluso losprocuradores o los policías, carecen de capacitación para prestarsus servicios a este sector.

Por lo que hace a la iniciativa que se encuentra en la Cámarade Diputados para expedir una Ley General para la DiversidadSexual, que propone la creación de un instituto nacional(Indisex), la responsable de la Comisión de Juventud y DiversidadSexual considera que “poder crear un instituto es algo que seríamuy benéfico, pero también tenemos que recordar que estamos en ungobierno en el que queremos sí avanzar, sí progresar, pero conlas instituciones que ya se tienen”.

Desde esa instancia legislativa se prevé legislar primero en elCódigo Civil Federal, la misma Constitución, que son normativasque ya existen y que se tienen que trabajar, antes de avanzar a unaLey General de Diversidad Sexual.

Representantes populares se han reunido con el titular delInstituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Guillermo SantiagoRodríguez, para trabajar el tema de diversidad sexual, ya existeuna propuesta en esta materia que sólo falta aterrizarla.

La finalidad es trabajar de manera conjunta y que salga eltrabajo. Se incluirán pláticas con la Secretaria de Gobernación,Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos deMigración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, con lafinalidad de que el Poder Legislativo no labore por su lado y elEjecutivo por el suyo, además de que exista apoyo de lasorganizaciones civiles.

Con el respaldo de las secretarias se podrían impulsar diversasiniciativas desde el Congreso federal y los locales.