Diputados de la fracción del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de México exigieron frenar el incremento de abuso sexual infantil, tras manifestar que en los últimos ocho años este delito se disparó de 532 casos registrados en 2015 a 5 mil 486 al corte de 2022, lo que representa un incremento del 931%.
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De acuerdo con la legisladora Ingrid Schemelensky Castro, quien se pronunció a nombre de su bancada para reprobar la falta de acciones del gobierno contra este aumento, dijo que el Estado de México acumuló el año pasado la mayor cifra de denuncias por abuso sexual infantil, sólo seguido de la ciudad de México, Jalisco y Chihuahua.
Ante este panorama, se pronunció por actualizar la normatividad y establecer sanciones adecuadas a quienes incurran en este tipo de delito. Para ello, dijo que es necesario armonizar la legislación estatal en materia de abuso sexual y reformar el artículo 279 del Código Penal mexiquense, con el fin de adicionar el pago de la reparación del daño y perjuicios.
Agregó que se debe tomar en cuenta el grado de afectación, además de incrementar agravantes a fin de enfatizar que cuando el delito es cometido por familiares o quienes tienen custodia, la pena aumente hasta en una mitad en su mínimo.
Agregó que datos de diversas organizaciones han advertido sobre el incremento de violencia y abuso a niños. Dijo que a partir del 2020 al menos 155 personas son violentadas cada hora a nivel nacional.
Mencionó que la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al quinto mes de 2023, reporta 2 mil 344 casos de abuso sexual infantil.
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“El abuso sexual se considera definido, aunque solo prevé como agravantes la minoría de edad y falta de capacidad para comprender el hecho y poder resistir. En el 2018 se reformó el Código Penal Federal para reconocer más agravantes y considerar abusadores cuando tienen un vínculo con el menor”, dijo la diputada panista.
Subrayó que 20 de los 32 Códigos Penales ordenan destitución de servidores públicos que hayan cometido este delito, de ahí que se requiere avanzar aún más.
También se pronunció porque el culpable pierda la patria potestad o tutela y cuando el delito se cometa por quien desempeñe un cargo público, sea destituido, además de la pena de prisión.
Recordó que la reforma se presentó en la pasada Legislatura, pero fue de las iniciativas que se pidió no prescribiera, en tanto que dio a conocer que hizo llegar a diputados información sobre abuso infantil.
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